El Consejo de Transporte Público (CTP) recibió más de 400 apelaciones por parte de los grueros, quienes se oponen al Reglamento de Control de Grúas en el que trabaja la institución. Mario Zárate, director del CTP, explicó que el día de la manifestación recibieron las apelaciones, las cuales podrían ser más de 400 porque el plazo para presentar la oposición venció ayer.
“Ese número probablemente no represente todas las apelaciones, ya que muchas personas no quisieron presentar la documentación debido a un corte de electricidad y no querían que el proceso se hiciera manual”, declaró.
El funcionario agregó que dicha cantidad de recursos significa que la administración tiene que destinar mayor recurso humano para atender las apelaciones.
“Vamos a requerir dos o tres abogados. Por régimen de la administración pública hablamos de que tenemos dos meses para resolver las apelaciones, pero tenemos que analizar, si es posible tener todo listo en ese plazo, y si se nos duplica esa cantidad tendríamos que pensar en una ampliación del plazo”, agregó.
Los grueros se manifestaron el miércoles para mostrar su oposición a ser regulados, ese día se reunieron con la máxima autoridad del CTP y según dijo Zárate, “se fueron entendidos de que la administración no está sorda y el hecho de sacar el tema a consulta enriquece el proceso”.
SIN FUNDAMENTO
La Asociación de Grúas de Rescate de Costa Rica, la Asociación Nacional de Grueros y demás trabajadores que no están afiliados a ninguna cámara presentaron apelaciones a temas relacionados con el cambio obligatorio de la unidad cuando sobrepase los 25 años de antigüedad, establecimiento de tarifas o cánones, eliminar partes originales del vehículo (wheel lift o boom), sectorización y tener una base de operaciones fija. Ante estas críticas Zárate desmintió algunos de los puntos, por ejemplo el cobro de una tarifa por el permiso o canon, así como la sectorización. “La Ley de Tránsito establece que es nuestra obligación la regulación en el artículo 113, que establece las paradas que corresponden porque no pueden estar captando servicios en cualquier lugar de las vías, sino que deben tener algún punto de origen oficialmente asignado”, comentó.
Además señaló que es falso el cobro ¢40.000 al año por obtener el permiso, aunque admitió que llevan a cabo valoraciones desde el punto de vista financiero para cobrar el servicio, pero no se iguala a tal cifra.
