Los jerarcas de instituciones estatales con convenciones colectivas vigentes, que entre sus artículos tengan alguno que haga referencia a que la administración deberá aportar recursos públicos para actividades recreativas o fiestas para los empleados, deberán emprender las acciones legales correspondientes para la eliminación de la cláusula respectiva.
Ayer se publicó en La Gaceta la directriz 034-P, firmada por el presidente Luis Guillermo Solís, cuyo título es “Prohibición del uso de recursos públicos para sufragar actividades recreativas o festivas de sus servidores”, en el que se le instruye a cada jerarca de la administración central y de las entidades descentralizadas el velar por el uso racional, austero, eficaz y transparente de los recursos públicos designados a la entidad.
Entre los considerandos establecidos en la directriz se indica que ante la realidad fiscal del país “y a la política de austeridad de este gobierno, la Presidencia de la República considera de máxima necesidad nacional que se resguarde y controle el gasto superfluo en el sector público, destinado a sufragar actividades de índole recreativas o festivas de los servidores de la administración”.
Ante esta situación, en la medida se ordena a la administración central, al tiempo que se instruyó a las instituciones descentralizadas, para que bajo ningún supuesto de excepción se usen recursos públicos para financiar las actividades de recreación o fiestas de los empleados de las instituciones del Estado.
“En aquellas instituciones donde rija una convención colectiva que imponga a la Administración el deber de sufragar con recursos públicos las actividades mencionadas, se instruye a los jerarcas correspondientes a: a) emplear los medios jurisdiccionales existentes según el marco normativo vigente para su anulación; b) denuncias las cláusulas respectivas, en el momento procesal oportuno”, detalla la directriz 034-P.
Semanas atrás Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el artículo 107 de la convención colectiva de esa entidad por considerar que el hecho de disponer de recursos públicos para financiar la fiesta de fin de año de los empleados atenta contra la hacienda pública.
Salazar solicitó a los magistrados como medida cautelar suspender la aplicación de la cláusula 107 de la convención colectiva.
Los magistrados acogieron para su estudio la acción, pero dejaron en manos de la administración las acciones correspondientes al giro de los recursos para las actividades recreativas.
Al respecto Mayid Brenes, director legal de Recope, informó ayer que la administración frenó el cartel de licitación para contratar una empresa encargada de la fiesta vaquera que estaba prevista, y por consiguiente, el destino de recursos económicos institucionales para la fiesta de fin de año a los empleados de esa institución.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Jueves 26 Noviembre, 2015
HORA: 12:00 AM
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