El Consejo Nacional de Vialidad envió una solicitud a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para aumentar la tarifa en los cuatro peajes que administra el Gobierno, ubicados en las autopistas Braulio Carrillo (San José-Limón) la General Cañas (San José-Alajuela, Florencio del Castillo (San José-Cartago) y Bernardo Soto (San José-San Ramón).
Gilbert Jiménez, gerente de adquisición y finanzas del Conavi explicó que las tarifas en estas autopistas no han sido actualizadas desde el año 2002, es decir, tienen más de 13 años de no recibir un ajuste.
El incremento va desde el 300% hasta el 600%, por ejemplo en el peaje ubicado en la General Cañas pretenden ajustarlo de ¢75 a ¢270 para carros livianos.
Mientras que en la Florencio del Castillo, los vehículos livianos pasarían de ¢75 a ¢285, las motos ¢230, buses ¢1.220 y furgones ¢2.320.
Para la autopista Bernardo Soto, la cual tiene una extensión 40,9 kilómetros pidieron pasar la tarifa de ¢150 a ¢970 en vehículos livianos.
El peaje con un mayor incremento está en la carretera Braulio Carrillo. Las autoridades justifican el monto debido a que es la autopista más extensa y se aplica un solo cobro.
En este caso, aumentaría de ¢250 a ¢1.850 en vehículos livianos, los buses pasarían a ¢7.145 y los furgones a ¢7.900.
“La solicitud obedece a esa gran necesidad de recursos que requiere cada una de las autopistas para realizar trabajos en las vías. Además, el ajuste lo pedimos con respecto a la metodología que estableció la Aresep en noviembre del 2014. Algo importante es que con esos recursos lograríamos cumplir con los requerimientos básicos para darle mayor inversión a las carreteras ”, agregó.
De acuerdo con el funcionario, un 85% del dinero recaudado de los peajes se invierte en la conservación y mejoramiento de la red vial, construcción de losetas, recarpeteo, bacheos, señalamientos y demarcación. Así como, cubrir los costos operativos y administrativos en el sistema de cobro del peaje.
La propuesta incluye hacer aumentos escalonados en los próximos, cinco años con porcentajes menores a los solicitados recientemente.
