El 36% es la meta fijada por la cartera de Justicia y Paz para bajar el hacinamiento carcelario para finales de este año, lo cual no implica que se deje de lado la alta criminalidad que vive el país.
Recientemente se liberó a 500 privados de libertad y aunque la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, prefiere llamarlo “cambio de condiciones”, lo cierto es que estos hombres pasarán del régimen institucional o cárceles a tener la libertad de irse para la casa y dormir una vez a la semana en un centro semiinstitucional.
Pero si le quiere echar mas leña a la hoguera, para antes de Navidad la cifra fijada por las autoridades penitenciarias es de mil privados de libertad en regímenes semiinstitucionales, hasta ir en aumento para lograr los 5 mil a mediano plazo.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica, conversó con la ministra Cecilia Sánchez, quien aclaró que no es que el Ministerio de Justicia esté liberando, ni mandando 500 personas a la calle, es más bien un proceso de traslado semiinstitucional que implica que los seleccionados rigurosamente no son homicidas, no trabajan para el crimen organizado y son personas de bajo perfil prontas a cumplir su sentencia.
“Acá pueden ir a trabajar y pernoctar el fin de semana, hay un tema de cumplimiento de la Sala Constitucional y de los jueces y máxime si son de la Sala IV, ya se ha escuchado del cierre técnico de centros penales, y por ello quisimos tomar en consideración la razón legal y los derechos humanos de estas personas”, justificó Sánchez.
La Ministra acotó que todo tema tiene límite, la infraestructura carcelaria por ejemplo da para 9 mil personas, pero las cifras casi alcanzan los 14 mil, lo que provoca el hacinamiento, que el sistema nos les puede brindar un plan de estudios, trabajo y mas bien dentro de los centros penitenciarios lo que hay son escuelas de crimen. Para Sánchez la ciudadanía debe entender que “le devolveremos personas que no harán daño y eso ya es una ganancia”, explicó.
GENTE DE OTRO PERFIL
DIARIO EXTRA a través de múltiples reportajes ha dado a conocer las cifras que revelan las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde sostienen que para el cierre del año alcanzaremos los 550 fallecidos, cifra que según la OMS significa una epidemia de fallecidos, pues el año pasado alcanzamos los 477, que significa 9,9 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes, con los 550 en este 2015, llegaríamos al 11 u 11,5 muertes por cada 100 mil habitantes.
No obstante, doña Cecilia achaca la criminalidad de los últimos días al crimen organizado, mientras que los privados de libertad que pasarán al régimen semiinstitucional “corresponden a otro perfil”.
DOS MUERTOS DE SEMIINSTITUCIONAL
El pasado 21 de octubre un hombre de apellidos Villalta Rodríguez, fue asesinado de un plomazo en la cabeza, cuando salía del centro semiinstitucional en Goicoechea. En tanto el 30 de octubre, casi una semana después, el matrimonio de Mario Roberto Suchite Castillo, de 44 años y Yerling Pamela Duarte Sosa, de 23 años, fueron acribillados a 400 metros de Casa Presidencial; Suchite iba para el semiinstitucional de Guadalupe.
Estas muertes respondió la Ministra no estaban en el semiinstitucional contrariando a Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, pues según Sánchez ingresaron a una valoración ordinaria. “Todos tienen derecho a ingresar y ser valorados, estas dos personas corresponden a eso, es inevitable que haya roces y si dejamos de hacer estas reubicaciones estaríamos respondiendo a los derechos de personas que no deben responder a las debilidades del Estado”.
CIUDADANÍA MUERTA DE MIEDO
Pese a que ya se probó en el pasado con la idea del juez Roy Hernández de sacar a los privados a la calle y no funcionó, la jerarca de Justicia dice eso fue diferente pues “se hizo bajo el amparo del artículo 77 y se egresó a otras personas por error”.
Pero mientras la población muere del miedo, Sánchez atina que “la misma garantía de que estos privados no delinquirán, es la misma que tenemos los que no hemos delinquido”, no obstante replicó “ni yo puedo asegurar que ellos no cometerán el delito, solo que hablamos con sus familias y les hicimos ver que deben tener conciencia”.
ABOGADO CRÍTICO
Para el litigante y exministro de Seguridad, Juan Diego Castro, le sorprende mucho que el gobierno sea como el dios Jano que tenga dos caras. Una de un Ministro de Seguridad sensato, preocupado por la situación del país, la peor en la historia republicana de Costa Rica y la otra de no se ¿quién es?, la de los abolicionistas que ocupan los puestos de mando en el Ministerio de Justicia. “Liberar 500 y otros 500 es una bofetada que le da el gobierno al pueblo de Costa Rica y lo condena a muerte, a sangre y al sufrimiento. Es grave lo que está sucediendo, estoy aterrorizado y creo que el país recibe una señal de las fuerzas más oscuras, las fuerzas del abolicionismo, las fuerzas que le han hecho tanto daño al Poder Judicial, las que le han hecho tanto daño a Costa Rica y eso lo que nos está es poniendo en manos de la mafia y del hampa”, replicó Castro.
Para Castro el presidente Solís debe decidir cuál cara usar, y tendrá que decidir si será un gobierno como Jano de dos caras, “la cara de darle seguridad al país, o la cara de la alcahuetería total. Solo don Luis Guillermo puede decirle a Costa Rica lo que nos espera a nosotros, a nuestros hijos y nuestros nietos”.
Intentamos conocer la versión tanto del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, como la del subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, pero ambos no respondieron, pese a que Mata ha sido claro en sus discursos solicitando ayuda al Presidente y diferentes instituciones ante la ola criminal que atraviesa el país y donde su homóloga de Justicia parece no ponerse de acuerdo con él.
Gamboa ha sido claro en su línea con los programas de hacinamiento que no se resuelven únicamente con políticas de liberación masiva, además fue sumamente crítico con el proyecto de los brazaletes.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Lunes 09 Noviembre, 2015
HORA: 12:00 AM
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