El hecho que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suspendiera la venta de combustibles en los planteles el lunes anterior -que es un servicio público- producto de que entre el 80% y el 90% de los empleados de los planteles se sumaron a la huelga convocada por Patria Justa, expone a la entidad al pago de multa que rondaría los ¢9 millones o una sanción económica mayor si se logra determinar el valor de los daños.
Para esto, la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) abrió una investigación administrativa contra Recope por la interrupción del servicio ocurrido el lunes y se reactivó el martes por la mañana.
Ante esta situación, había largas filas de camiones cisternas en los planteles de Recope que esperaban ser atendidos, a fin de llevar los combustibles y descargarlos en las gasolineras para su venta al público.
Juan Manuel Quesada, intendente de Energía en la Aresep, manifestó que la suspensión fue notificada por Recope el lunes en la mañana y reconfirmada por inspectores de la entidad reguladora ese mismo día.
En su momento, las autoridades de Recope reconocieron que los planteles ubicados en El Alto de Ochomogo, Moín, Barranca, La Garita, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Turrialba y Siquirres estaban paralizados el día de la huelga.
“Con base a ese informe y a esa acta vamos a proceder a hacer una investigación por no haber dado el servicio de forma continua y en este caso, corresponderá después de esa valoración imponer multas de ser necesario. Estas serían del mismo valor del daño causado y si no es posible determinarlo se le sancionaría con multas que pueden llegar hasta los ¢9 millones”, señaló Quesada.
CUANTIFICACIÓN DE COSTOS
Quesada manifestó, además, que se le solicitó tanto a Recope como al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el día de la manifestación que informaran sobre las acciones que tomarían para garantizar el servicio.
En el caso del ICE, Quesada indicó que le comunicó que había efectuado las gestiones ante el Juzgado de Trabajo para que el movimiento fuera declarado ilegal, mientras que Recope aseveró que lo que aplicaría es una suspensión de ventas.
Asimismo, la Intendencia de Energía solicitó a las dos empresas información sobre los costos que implicó no dar los servicios a la población.
“Se les pidió que nos indicaran en qué medida se había afectado los servicios que no se prestaron y de cuánto fue el costo de los salarios del día de funcionarios que participaron en la huelga y que no llegaron a trabajar. Esa información fue solicitada el lunes y tienen 10 días para hacerla llegar y están a la espera. Además de los salarios se les pidió costos en que tuvieron que incurrir para atender la huelga”, detalló Quesada.
Los 10 días se vencen el 9 de noviembre y una vez que se cuente con la información, la Intendencia de Energía procederá a su análisis.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Jueves 29 Octubre, 2015
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA