La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ayer pidió cuentas al Estado y que además aclare por qué los magistrados de la Sala IV se tomaron la atribución de frenar el Decreto ejecutivo No.39210-MP-S, que firmó el presidente Luis Guillermo Solís el pasado 10 de setiembre, para que en el país se aplique la técnica de fecundación in vitro (FIV).
Esta reacción surge tras nueve horas de que los abogados de las parejas que demandan este derecho al país, Boris Molina y Huberth May, presentaran ayer a los jueces de la CorteIDH la solicitud de avalar el decreto ejecutivo que se publicó en el diario oficial La Gaceta el 11 de setiembre.
“Presentamos una solicitud para que anule la resolución de la Sala Constitucional porque es incompetente. Estamos contentos, es un mensaje muy claro para la Sala Constitucional, los magistrados tienen que comprender que actuaron contra el derecho, de manera arbitraria e improcedente”, dijo Molina a DIARIO EXTRA.
Sobre por qué la CorteIDH tiene la potestad para pedir la explicación declaró: “Los estados adquieren compromisos internacionales y no pueden obviar esos compromisos, la Corte está sobre el mismo Estado”.
Antes de conocer este llamado a cuentas, ayer durante su gira al cantón de Mora el presidente Luis Guillermo Solís dio a conocer su esperanza de que los magistrados de la Sala IV tomarán la decisión a la mayor brevedad, con el objetivo de dar una respuesta a esas parejas que desean ser padres biológicos.
