Ajustes, “enganches” salariales y convenciones
Guillermo E. Zúñiga Chaves
La semana anterior expliqué que la política de salarios que seguimos fue de ajustes semestrales, garantizando que los servidores públicos recuperaran el aumento en el costo de vida del semestre anterior. También he explicado que en el 2007 dimos un ajuste extraordinario a los profesionales del Gobierno Central.
AÑOS DESPUÉS. El dirigente sindical D. Albino Vargas empezó a insistir sobre la existencia de los que él llamó “los enganches salariales”. Inclusive el periódico La Nación se lo reconoce cuando se refiere a : “…las leyes de “enganche” –tardíamente denunciadas por otros sectores sindicales, pero mejor tarde que nunca-…” (Editorial del 10 de setiembre de 2015, pag. 23-A).
EJEMPLO DE LEYES. D. Albino siempre se refirió a la “cadena de enganches” en el Sector Salud. Una revisión rápida en ese sector me dio estos hallazgos.
LEY N° 6.836 LEY DE INCENTIVOS MÉDICOS. Esta ley es del 22 de diciembre de 1982, sancionada por el presidente Luis Alberto Monge y su ministro de Salud el Dr. Juan Jaramillo Antillón. Se definen once categorías y una escala de salarios asociada. El artículo 5 detalla los distintos rubros que componen el salario médico (por ejemplo: sueldo base, los aumentos, sobresueldos y pluses, y precisamente, los incentivos creados por esta ley, entre otras cosas).
Y el artículo 12 establece que “Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central,… las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado académico de licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”. Aquí está “el enganche”. Esta ley tuvo más de 30 años sin cuestionamientos.
LEY N° 8.423 del 7 de octubre de 2004, sancionada por el presidente Abel Pacheco y por su ministra de Salud Dra. María del Rocío Sáenz. En lo que nos interesa, esta ley modifica la Ley de Incentivos Médicos, para incluir otros profesionales de las áreas de la salud que no habían sido considerados con claridad en la Ley 6.836. Hace más de 10 años que está vigente.
Así que cuando dimos el ajuste extraordinario a los profesionales del Gobierno Central, para equipararles un poco su situación salarial, el Sector Salud “se enganchó” gracias a las leyes anteriores. Esta situación no estaba señalada en el estudio del Servicio Civil.
LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. En torno a las disparidades salariales en el Sector Público hoy han tomado protagonismo las convenciones. No hay discusión que estas tienen soporte constitucional, que han existido por años, que son instrumentos que sirven para regular las relaciones entre patronos y trabajadores y que existen tanto en el sector público como el en sector privado. Pero también son fuente de desigualdades.
Un reciente estudio (agosto de 2015) del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo resume así la situación: “… se encuentran casos de remuneraciones excesivas en algunas instituciones públicas en comparación con las condiciones del Gobierno Central, también hay reiteradas evidencias de casos de compensación distinta por trabajo igual; o de condiciones laborales de privilegio, comparadas con las que rigen a los demás trabajadores públicos y privados, establecidos en convenciones colectivas”. (pag. 5). Algunos dirigentes sindicales han manifestado que están dispuestos a renegociarlas en los casos donde hay abusos.
RESUMIENDO. Estamos en presencia de situaciones jurídicas consolidadas a lo largo de muchos años que provocan desigualdades salariales y en muchos casos injusticas. Hay que tomarles la palabra a quienes han manifestado su anuencia a negociar. El Ejecutivo debe actuar.
