Montevideo (EFE).- La Justicia de Uruguay confía encontrar datos relevantes sobre las causas relacionadas con violaciones a los DD.HH. en la última dictadura del país (1973-1985) tras allanar el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni y hallar 60 cajas de documentos, informaron a Efe fuentes de la Fiscalía.
El allanamiento de la casa en Montevideo de quien fuera jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado se produjo en el marco de la causa que investiga el homicidio del militante comunista y notario Fernando Miranda, secuestrado en noviembre de 1975 y cuyos restos fueron hallados en un predio militar en diciembre de 2005.
"Tuvimos la información por parte de familiares de Miranda que podía encontrarse en la casa del coronel fallecido un importante archivo de época por parte de quien fuera durante muchos años responsable de la inteligencia militar", dijo a Efe el fiscal encargado del caso, Carlos Negro.
Con la asistencia de un perito experto en el tema, en el momento del allanamiento, que tuvo lugar el pasado viernes y en el que estuvo presente la abogada de la familia de Castiglioni, Rosanna Gavazzo, se incautaron unas 60 cajas con documentos que comenzarán a ser analizados en los próximos días.
Según añadió Negro, se hizo por parte del perito una gran clasificación de papeles que no tenían relevancia alguna de otros que pueden eventualmente contener información relevante.
Actualmente, la información hallada se encuentra en dependencias policiales, bajo llave, precintada y custodiada hasta que la Justicia, con la juez penal Beatriz Larrieu a cargo, decida quién o quienes van a ser los responsables de estudiarla.
Fue Javier, el hijo del fallecido Fernando Miranda y actual secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay quien denunció la existencia de esa documentación.
"Él se enteró con sus fuentes. Es un tema que venía ya de larga data y en conocimiento de medios militares, respecto a que Castiglioni tenía información o archivos que se habían perdido de la inteligencia y estarían en poder de él", reconoció el fiscal.
Esa desaparición fue objeto de una investigación por el Ministerio de Defe
nsa de Uruguay entre 2005 y 2010, con Azucena Berruti como titular, pero quedó inconclusa cuando terminó ese mandato, que fue el primero del actual presidente del país, Tabaré Vázquez.
Para el fiscal, en medios militares y del citado ministerio "se sabía que el coronel Castiglioni tenía esa información", pero esos datos no habían llegado a la Justicia.
No obstante, añadió que Miranda afirmó que en esa casa podía haber información relevante tanto para la causa de su padre como para muchas otras que eventualmente pueda encontrarse.
Solo en el caso de Uruguay, que durante el régimen militar integraba el represivo "Plan Cóndor" con los gobiernos "de facto" de los países del Cono Sur americano, 192 ciudadanos siguen desaparecidos.
En diciembre de 2005 se localizaron en el Batallón 13 los restos de Miranda y en noviembre de 2006 los restos del también militante de izquierda Ubagesner Chávez Sosa, mientas en octubre de 2011 se encontraron los restos del maestro y periodista Julio Castro.
A la pregunta de por qué guardaba Castiglioni los documentos incautados, Negro reconoce que tener "tanta documentación" almacenada de esa época llamaba "poderosamente" la atención.
"El allanamiento se hizo porque se tuvo la convicción de que las fuentes eran serias", confesó.
"Por ahora es muy difícil determinar cuántas posibilidades hay de saber qué. Hasta que no se ve la documentación no hay forma de saber qué información tiene relevancia histórica y jurídica o no", aseveró.
En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación indicó que está "comprometida" con la investigación de las "graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el marco del "terrorismo de Estado" en el periodo de la dictadura cívico militar que gobernó Uruguay durante 12 años.
Recuerda que "para ser más eficaz en la persecución de estos delitos" se creó una unidad especializada con ese fin.
