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Opinión

¡2.377 muertos gozan de una pensión!

Sandra Piszk Feinzilber*

En los últimos días ha sido revelado que más de 20.000 costarricenses han sido favorecidos con el pago de una doble incapacidad, lo cual ha significado una erogación de alrededor de 1.883 millones de colones por parte de la CCSS. Funcionarios de la institución alegan fallas en el sistema y los usuarios favorecidos que han podido ser ubicados alegan no haberse dado cuenta de la situación. Ni siquiera los 545 funcionarios de la CCSS que han sido beneficiados reportaron lo sucedido.

 

Fue gracias a la denuncia de algunas personas honestas que el asunto fue descubierto. Los dineros no podrán ser recuperados en su totalidad, y si hubiera que buscar responsables tendríamos que concluir con la máxima de Sor Juana Inés de la Cruz quien decía que “es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar”, o sea para que exista este tipo de anomalías, se necesita alguien que no cumpla con su deber y alguien que se favorezca y se quede callado.

 

Esta situación no es nueva ni única. En diferentes oportunidades se ha consignado la noticia de que familiares de pensionados fallecidos continúan recibiendo la pensión mensual puesto que al no contarse a tiempo con la información de los decesos, la Dirección Nacional de Pensiones continúa depositando su pensión en las cuentas bancarias dispuestas para ello.

 

Se calcula que en los últimos tres años se giraron más de 1.000 millones de colones entre 2.377 fallecidos. Dos engorrosos procesos frenan la solución del problema.

 

En primer lugar, recuperar el dinero es una tarea complicada porque el Estado gira los recursos a los bancos a fin de que el pensionado los retire. Si no se cuenta con la información oficial sobre el deceso, el banco y consecuentemente el Estado no cuentan con mecanismos administrativos para recuperarlos y deben mediar procesos judiciales que tardan meses.

 

En segundo lugar, porque aunque parezca mentira tampoco existe un mecanismo ágil que le permita a la DNP saber de inmediato cuando una persona fallece y así pueda detenerse el pago de la pensión. Actualmente y después de múltiples negociaciones durante la administración Chinchilla, se logró reducir el lapso de desconocimiento de 3 meses a mes y medio pero lo cierto es que ello no es suficiente para solucionar el problema.

 

En nuestro país hay alrededor de 60.000 pensionados pagados por el Estado o sea, por todos los costarricenses. Ello significa alrededor del 11% de la totalidad del Presupuesto Nacional que se aprueba anualmente, casi 800 mil millones de colones en el 2015.

 

La eliminación de las pensiones de lujo es urgente y dentro de esa misma línea se ha presentado una iniciativa que pretende facilitar los mecanismos mediante los cuales una persona designada por el pensionado pueda reportar su deceso ante la DNP y devolver los recursos que se le hayan depositado después del fallecimiento, así como permitir que la DNP reciba directamente una copia en original del formulario oficial en soporte de papel o electrónico para efecto de declarar una defunción, al igual que actualmente lo reciben el TSE y la CCSS.

 

En forma adicional se crea un delito de estafa contra el erario público mediante el cual se sancionaría a las personas que se beneficien ilegalmente a costa de la pensión de un familiar.

 

Estoy convencida de que el mal uso y el abuso de los recursos públicos no se resolverá únicamente por las vías legales, pero es nuestro deber cerrar los portillos legales o administrativos que lo permitan. Los casos aludidos y otros tantos de similar característica son inaceptables y deben ser corregidos. Pero además debemos aceptar que este tipo de hechos, como cualquier otro asociado a la corrupción son fenómenos de dos caras, en los cuales como señalaba al inicio, se requiere de dos partes. Una que otorgue y otra que se beneficie.

 

*Diputada Partido Liberación Nacional

 

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Viernes 02 Octubre, 2015

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