Diputados de oposición tienen lista la lupa y el machete, para entrarle al plan de gastos del 2016.
Hoy el ministro de Hacienda a.i José Francisco Pacheco, entregará al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rafael Ortiz, el Presupuesto de la República para el próximo año
Los diputados entrarán a fiscalizarlo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y tendrán hasta noviembre para aprobarlo como Ley de la República.
El anuncio del presidente Luis Guillermo Solís, de que la plata presupuestada para el próximo año sólo crecerá en un 0,5% en relación con el 2015, no termina de convencerlos. El principal antecedente que afecta al Gobierno, es que el presupuesto de este año es calificado como el más gastón de la historia, con un crecimiento del 19% en comparación al 2014.
“La relatividad de las cifras choca con la realidad de un presupuesto abusivo, atropellado y violador de la ley como el que está vigente. El Presidente de la República anunció en una cadena de televisión que el incremento del presupuesto será de 0,5% en relación con el vigente y que además hay más de 10 instituciones con descensos significativos en sus proyecciones de gastos. Ese medio por ciento es un crecimiento sobre el más grande presupuesto en la historia política de Costa Rica que es el vigente”, señaló el diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González.
El legislador Mario Redondo se mostró dudoso incluso de las reducciones que indicó Solís como son: un 36% en gastos de publicidad, 30% en viajes al exterior, 17% en transporte al extranjero y 7,5% en consultorías.
“Vamos a revisarlo con lupa, aunque el Presidente diga que hay recorte, eso no quita que se mantengan los disparadores del gasto. El Presupuesto para el 2015 ya había aumentado un 19% y uno le da la sensación de que el Gobierno manipula los datos para hacer creer que hay austeridad y que con los supuestos recortes se requieren nuevos impuestos pero pareciera más un discurso que algo real”, alegó.
RECORTES NO CONVENCEN
El politólogo, Gustavo Araya, secundó a los legisladores, señalando que el “Gobierno queda debiendo” con este presupuesto.
“Esto tiene un antecedente importante, hace prácticamente un año hubo una promesa hecha por el señor Presidente, que este iba a ser un Gobierno que efectivamente iba a demostrar con hechos austeridad y buen uso de los recursos públicos. El Gobierno ha querido dar la noción de que efectivamente ha hecho un manejo austero. Hace un año pasó un Presupuesto de la República 19% más grande que el anterior, ahora está presentando un presupuesto que supuestamente es un 0,5% mayor que el anterior, lo que pasa es que ya teníamos un presupuesto más grande, el actual lo estamos considerando con una promesa de fondo.
Nos queda debiendo el Gobierno en términos de transparencia si efectivamente cada uno de los diferentes ministerios o entidades que están adscritas efectivamente hizo un uso eficiente de esos recursos
El Gobierno se está jugando la legitimidad que pueda tener la reforma fiscal que plantea”, explicó el experto.
El especialista señaló, que es evidente que los legisladores se enrumbarán a más recortes al plan de gastos “Los diputados están afilando tijeras (…) Aunque fuera bajo condiciones similares es un presupuesto mucho más grande, no le ha demostrado ni al país, ni al los señores diputados que signifique un mejor uso de los recursos públicos”, señaló.
El diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, reiteró que “si hay que recortar, hay que recortar en todo aquello que son gastos superfluos, no vamos a apoyar ningún recorte en programas sociales, si hay que recortar, recortemos en viajes al extranjero, consultorías, en comprar carros nuevos, hay un montón de cosas pero no va apoyar el Frente Amplio recortes en programas sociales”, alegó.
Diputados de oposición advirtieron que el Presupuesto 2016 sería una señal fundamental para darle el apoyo al Gobierno ante nuevos tributos.
El mandatario anunció que recurrirá a las paradas de autobuses para convencer al país de la necesidad de nuevos impuestos, y ha criticado que condicionen el apoyo a la reducción del gasto público.