El Tribunal de Familia de San José falló a favor de un adulto mayor de apellido Granados y 75 años, mediante la revocatoria de las medidas cautelares que se le impusieron por supuesta violencia doméstica, pese a que presentaba aparentes problemas mentales y discapacidad para moverse.
Dichas medidas comprendían el desalojo del anciano y la prohibición para que se acercara a su esposa, quien lo denunció en 2014 por supuesta agresión.
“Por todas las razones indicadas, el Tribunal dispone anular todo lo actuado y resuelto en primera instancia, y ordena que el juzgado dé un abordaje distinto a esta situación, protegiendo los intereses de las dos personas adultas mayores involucradas”, reza la resolución del Tribunal, dictada el 18 de agosto.
Según la versión de varios testigos, en cuenta las hijas de la pareja, Granados se habría pensionado en 1991 por depresión y desde esa fecha era valorado en el área de psiquiatría del Hospital Calderón Guardia.
Los jueces además tomaron en cuenta que las declaraciones de Granados no eran lo suficientemente coherentes y que podían estar frente a un caso en que el supuesto agresor se encontraba en estado de vulnerabilidad, por lo que sacarlo de su casa no era conveniente.
“El 11 de noviembre de 2014, cuando la demandante pidió por primera vez que se ordenara la salida del domicilio de Granados, ella indicó que él se escondía detrás de la pared, en la noche, para asustarla”, se lee en la resolución. Las medidas cautelares le fueron impuestas a Granados el 17 de abril de este año. En el voto los jueces especificaron que quien tenía el proceso a cargo no tomó en cuenta la condición del demandado.
El Tribunal ordenó la opinión de un experto para determinar si deben trasladar a Granados a un lugar para su debido tratamiento y cuido, o si la pareja debe continuar viviendo en la misma casa con el acompañamiento de algún familiar o persona contratada.
