Presupuesto universitario, revisión con lupa
Editorial
Hace apenas un par de días, el presidente de la República manifestó que nunca es mucho lo que se invierte en educación y aseguró que las universidades, de las cuales él proviene, hacen un gran esfuerzo para contener el gasto.
Esa fue su reacción cuando se refirió a los más de ¢440 mil millones que el Gobierno tendrá que transferir a los cinco centros de educación superior, a saber: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Técnica Nacional (UTN), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Estatal a Distancia (UNED), para que puedan trabajar el próximo año.
Pese a semejante cantidad de dinero, un grupo de estudiantes de la UCR se lanzó a las calles a protestar pues consideran que se les redujo considerablemente el presupuesto y que ello atenta contra los docentes, administrativos y el mismo estudiantado.
Aunque se manifestó complacido con lo aprobado por el Gobierno, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, le pidió al diputado Otto Guevara, mirar el presupuesto sin prejucios, pues ha sido este legislador el primer opositor a las sumas que califica de astronómicas, pero también a la falta de controles sobre esos recursos por parte del propio Estado.
La lucha de Guevara parece hallar eco en una buena cantidad de ciudadanos, que consideran que si bien la educación produce bienestar y desarrollo, todo tiene una medida.
Más cuando los medios de comunicación han dado evidencia pública de los salarios millonarios que algunos catedráticos se echan a la bolsa cada mes. Para dar un ejemplo, un docente de la UCR recibe no menos de ¢18 millones mensuales por su labor, cifra parecida a la que hoy está en disputa por ser el salario asignado a un gerente de banco.
Que bien que lograran un acuerdo, pero también que se lanzaran los primeros indicios de lo que sería una fiscalización exhaustiva del uso de esos dineros, los cuales en su mayoría son para pagar planillas y en su minoría queda en manos de estudiantes becados o bien en investigación.
Definitivamente las universidades estatales, aunque sean autónomas, no pueden arrogarse la potestad moral de resguardar los estados financieros, los ciudadanos que ajustan esa buchaca están en total derecho de conocer cada detalle presupuestario.
Bien lo dicen los números, apenas uno de cada seis estudiantes inscritos en la UCR logra graduarse, otros muchos llegan a calentar la silla como suele ocurrir en cualquier aula. Lo mismo ocurre en otros centros de enseñanza superior donde hay numerosas listas de reprobados, repitentes y desertores, algunos que a través de los años siguen intentando sacar una carrera profesional.
En cuanto a las becas, muchos saben que algunos afortunados con esas subvenciones podrían fácilmente sostener sus gastos, mientras existen miles de jóvenes con necesidades reales que por motivos varios no pueden optar a ingresar a dichas aulas.
Para nadie es un secreto que un par de universidades públicas son inaccesibles para alumnos de ciertas partes del país, de las mismas zonas que el MEP desatiende y que obviamente no figuran en las listas de las mejores promociones.
La educación pública en este país es desigual, discriminatoria, si no que lo digan los vecinos de ciertos cantones como Talamanca o Upala, calificados como los peores, pero sin que nadie tome en cuenta las carencias que sufren. Aún así los muchachos de estas zonas están obligados a hacer el mismo examen de admisión que aquellos que reciben educación a manos abiertas, con profesores en todas las materias, con pupitres nuevos y no bajo un árbol o en un rancho.
Las universidades públicas deben tener un presupuesto digno, pero este debe estar sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias, no es posible que se asignen los recursos pero nunca rindan cuentas claras.
Hay excesos, así lo admitió el rector Henning Jensen, en el tema de las convenciones colectivas y por eso lograron un acuerdo de reducirlas del 5% al 3%; eso es un gran esfuerzo, pero no quiere decir que sea el único por realizar y como esta casa de enseñanza todas tendrán que zocarse la faja. No es posible que los gastos de personal y los pluses salariales sobrepasan en más de un 50% el total del presupuesto, dejando marginados sus propósitos originales y normados.
No se vale salir a las calles a decir que ese dinero aprobado será poco, habrá que acordar a algunos que este país es de todos y la plata debe ser distribuida hasta donde se pueda de forma equitativa.
Es reprochable que acá se siga consintiendo que unos coman caviar mientras otros solo se alimentan con pan; más en un tema tan delicado, sensible y equitativo, como es la educación, en un país donde todos debemos ser tratados como iguales.
