La situación de riesgo del fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no tiene mucho “menú de alternativas” para solucionarse, según palabras del presidente Luis Guillermo Solís.
Cuestionado por el resultado del informe que realizó el auditor externo Eduardo Melinsky, que señala que en 2023 no habría reserva para pagar pensiones, el mandatario aseguró que los ticos estarían obligados a jubilarse a una mayor edad o subirse el monto de la cuota que desembolsan para retirarse.
“Mi opinión general es que sí es un tema que tiene que ser mirado con cuidado por razones financieras porque tenemos que ver cómo hacemos para darles más rendimiento a los fondos; pero en segundo lugar porque este es un país que está envejeciendo y por lo tanto los efectos que pueda tener un fondo de pensiones desfinanciado sobre una población que envejece es muy grande
Esto también plantea un menú relativamente estrecho de opciones: se paga más o se trabaja más tiempo”, señaló.
En un pronunciamiento oficial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señaló que el estudio de Melinsky aún no ha sido validado por esa institución ni por la Superintendencia de Pensiones (Supen).
El estudio que realizó el auditor fue analizado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ahora ese informe está bajo el estudio técnico de la Caja y la Supen.
Ambas instituciones indicaron que no se referirán a la situación hasta que culmine ese proceso.
SINDICATOS CHIVAS
Representantes del sector sindical reaccionaron molestos ante las declaraciones del mandatario.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Caja (Undeca), aseguró que “el Presidente conoce muy poco de pensiones o está muy desinformado. En este tema no es necesario trabajar más, es necesaria una valoración profunda del sistema y aquí es donde la Caja y la Superintendencia de Pensiones se pudieron haber equivocado cuando contrataron a la compañía Melinsky para que hiciera el estudio. Hasta se está pensando en un recontrato y está siendo estudiado ese texto por personeros de la UCR. Nosotros, que participamos en la reforma de pensiones del 2005, sabemos que no hay muchas posibilidades de reformar este sistema, el 80% de empleados en este país se retira con pensiones de ¢129 mil, que son casi pensiones de hambre, casi como las del régimen no contributivo.
Y otro tema es que la Caja tiene todos sus dineros invertidos en bonos estatales, lo que no genera muchos ingresos. Entonces, hay que hacer un análisis de todas estas cosas antes de emitir un criterio como el que dio el Presidente”.
En el mismo sentido se pronunció el sindicalista Fabio Chávez, del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), quien indicó que las palabras del jerarca, así como las de los diputados Otto Guevara y Ottón Solís, son pronunciadas “al calor” de la presión mediática y no son el resultado de un análisis al sistema de pensiones.
“Me parece que los medios y los políticos ponen a los trabajadores como los culpables de lo malo que ocurre en este país. Estas declaraciones, incluidas las del Presidente, son muy irresponsables y lo que hacen es crear división entre el sector social y el gobierno. Lo que el Estado tiene que hacer es demostrarnos con estudios actuariales cómo está nuestro sistema de pensiones. De igual forma, alguien que diga que la solución es trabajar más lo que quiere hacer es poner a la gente a trabajar 12 horas diarias, como en el siglo pasado y que sean los trabajadores los que carguen con el déficit fiscal del país”, expresó a DIARIO EXTRA.
Rosa Mata, secretaria general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), advirtió que se movilizarán para exigir el resguardo a sus derechos.
“Hasta la fecha, no nos ha llegado ningún informe de que nuestro régimen de pensiones esté en peligro. Nosotros siempre vamos a luchar por nuestros derechos, entre los que se encuentra la pensión, y por eso vamos a movilizarnos este jueves, para defenderlos y decirle al gobierno que estamos en pie de lucha”, indicó.
¿QUÉ ES EL IVM?
“El IVM es el régimen de pensiones más grande que tiene Costa Rica, cuenta con 224.000 pensionados y 1.400.000 afiliados. Su reserva asciende a ¢1,9 billones”.
Fuente: CCSS
