La empresa canadiense Industrias Infinito, encargada del desaparecido proyecto minero Crucitas, vendió 5 fincas en ¢240,3 millones, las cuales están ubicadas en San Carlos, que podrían ser utilizadas para responder por los daños ambientales que provocó dicha iniciativa en el país.
Las tierras fueron vendidas a una empresa forestal por parte del apoderado generalísimo de Infinito por un monto de $445 mil, es decir ¢240,3 millones, al tipo de cambio actual.
Según el legislador frenteamplista Edgardo Araya, la transacción fue realizada a sólo 6 días de que la industria minera se declarara en quiebra y previo a que se conozca la cifra final que deberá depositar al país por daños ambientales.
“Lo que nos parece raro es que se haya declarado en quiebra y ahora vendan estos terrenos que pudieron haber servido como pago al Estado por daños ambientales.
Todas estas acciones se realizan cuando falta poco más de una semana para que se conozca cuánto deben pagarle ellos al país y pareciera que lo que quieren es dejarnos guindando y que los costarricenses paguemos algo que le corresponde a esta empresa”, manifestó Araya.
¿CÓMO ES?
Según afirmó Araya, solo una de estas fincas posee un valor registral de $825 mil, es decir ¢445,5 millones, lo que significa que todos los terrenos están siendo vendidos a un precio menor de la mitad de lo que realmente valen.
Araya explicó además que si la empresa se retira del país, es al Estado costarricense al que le corresponderá pagar “solidariamente” el daño ambiental, pues la sentencia de un contencioso administrativo emitido en 2010 también condenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
“En dos ocasiones le solicitamos al Tribunal Contencioso Administrativo que anotara las fincas de Industrias Infinito y no se hizo, tampoco se acogió la solicitud de embargo. La jueza del proceso resolvió que los $600 mil de la garantía ambiental eran suficientes en un eventual pago por los daños y ahora estamos a las puertas de que se vayan, dejando a Costa Rica con los daños y con los costos”, enfatizó el diputado y abogado ambientalista.
DIARIO EXTRA se comunicó con Ciro Casas, representante legal de Industrias Infinito en el país, sin embargo, aseguró que no podía referirse al tema.
“Respeto mucho a don Edgardo, él tiene derecho de expresarse, pero no puedo dar declaraciones sobre este tema”, dijo, pese a que se le preguntó si esta era una medida para evadir responsabilidades con Costa Rica.
Araya solicitó medidas cautelares y la intervención del Ministerio Público, así como la desinscripción de los traspasos por orden del Tribunal Contencioso Administrativo.
