Ante la expectativa que vive el país para legalizar el tratamiento para la infertilidad, denominado fertilización in vitro, y el anuncio del gobierno que aprobaría dicha legislación vía decreto ejecutivo, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), directores médicos de los hospital México, San Juan de Dios, Calderón Guardia, de las Mujeres y el Nacional de Niños, junto a los doctores que atienden a las embarazadas y los recién nacidos, se reunirán hoy en torno al tema.
“Vamos a discutir y analizar lo que se está haciendo en atención de las parejas infértiles, ya que la Caja realiza la inseminación, técnica que se aplica en los hospitales. Lo importante es ver si alguna de esas 350 parejas, que en promedio buscan ayuda profesional, pueden incluirse en este tratamiento, lo que buscamos en promoverla antes de la fertilización”, explicó la gerente médica de la Caja, María Eugenia Villalta.
El Seguro Social no tiene ni un cinco partido a la mitad para implementar la fertilización in vitro, pero las autoridades y miembros de la junta directiva de dicha institución saben que necesitan unos ¢250 mil millones para construir desde el laboratorio, comprar el equipo y capacitar al personal sobre la técnica de reproducción humana, por lo cual se estima que todo el proceso llevará unos 2 años para que la primeras parejas puedan verse beneficiados.
Según declaraciones de Mario Devandas, miembro de la junta directiva de la CCSS, varios profesionales ya fueron al extranjero para conocer lo que se hace en otros países, “se envió a un grupo de expertos a visitar los centros médicos de fertilización in vitro en México, se nos dio un informe detallado. Es obvio que si esa responsabilidad se le da a la Caja habría que construir laboratorios con un nivel alto”, señaló.
REAL PREOCUPACIÓN
La Dra. Villalta reconoció que junto a la responsabilidad y la atención que representa para el país los tratamientos de parejas infértiles los cuales alcanzan los ¢60 millones por paciente, también se necesitan más recursos para la atención de los pequeños cuyos padres viajan a Panamá y Colombia, entre otros países, para poder tener hijos bajo la fertilización in vitro.
“Ellos se realizan el tratamiento, pero cuando regresan al país se atienden en la Caja como parte de su derecho y nuestro deber, por eso necesitamos más recursos los cuales muchas veces son limitados en los hospitales y clínicas”, reconoció la funcionaria.
Tras un fallo en 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al país realizar el procedimiento de fertilidad, pero será el próximo 3 de setiembre cuando el Estado tendrá que sentarse una vez más en el banquillo de los acusados, para explicar el avance en el cumplimiento de la sentencia, de ahí que el gobierno no descarta un decreto ejecutivo para reglamentar la técnica.
