A pesar de las buenas intenciones y la promesa de meter el bisturí hasta lo más profundo en materia de empleo y salario público, el gobierno podría quedarle debiendo al país, ya que la propuesta que presentó ayer tras la sesión del Consejo de Gobierno carece de acciones directas a corto y mediano plazos, incluso señala que la solución estará en manos de diversos sectores, ya que como es usual en esta administración convocará a una “mesa de diálogo”.
Solos, sin el apoyo de respectivos jefes, pero confiados en su experiencia, la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, y el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dieron la cara en este polémico tema, a pesar de que sus jefes, el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, habían dicho que ellos anunciarían las medidas sobre la política de gobierno en materia de “empleo público”.
Como si se tratara de una clase y un refrito sobre diversas acciones ya conocidas empezó la conferencia con una hora y 20 minutos de retraso. En todo momento la ministra Sánchez dijo que el actual sistema “no está bien”, pero también reconoció que esta administración tiene grandes dificultades para meter en cintura todo lo relacionado con salarios y pensiones de lujo.
“En dos semanas iniciaremos el trabajo en las mesas de diálogo, a las cuales convocaremos a diferentes sectores del país”, dijo Sánchez. Ante la consulta de si esta nueva mesa para pensiones y salarios tendría el mismo resultado que otras, que a un año y medio no se conoce el resultado, la Ministra de Planificación no concretó la respuesta.
El viceministro Rodríguez explicó que a pesar de los esfuerzos el gobierno no puede ejercer ningún control sobre los gastos excesivos en la administración pública, ya que de 320 instituciones públicas solo 40 requieren la aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda.
PIEDRA EN ZAPATO
Otros datos que revelaron Rodríguez y Sánchez en su informe preliminar es que el 48% de los empleados públicos forma parte de un régimen distinto al del Servicio Civil, lo que significa que alrededor de 305.393 burócratas no deben preocuparse porque el gobierno no les puede tocar su salario ni los privilegios.
También podrán dormir tranquilos y no preocuparse que les tocarán el bolsillo quienes laboran en el Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Legislativo, las municipalidades, así como los profesionales en educación, funcionarios de la banca pública, policías, trabajadores de la salud, las entidades autónomas y hasta las universidades.
Sobre estas instituciones el gobierno no tiene control y ni que decir de la voluntad para hacer cambios de fondo y forma, cuando se trata de reducir y cuidar el presupuesto de cada institución, a las cuales resulta imposible meter en cintura como a otras.
Al consultarle a Rodríguez sobre qué significa un salario de lujo explicó que está por encima de los 20 salarios base de un conserje 1 de Poder Ejecutivo, alrededor de ¢5,7 millones, mientras que una pensión excesiva sería la que sobrepasa los 10 salarios mínimos, que gira alrededor de ¢3 millones mensuales.
Aunque no prometen cambios claves para los privilegios en las convenciones colectivas, afirman que el tema se discutirá en las mesas de diálogo, todo con el objetivo de reducir los gastos. Además la jerarca de Planificación dijo que también se entregará el documento sobre el tema a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa con el objetivo de que ejecuten los cambios legales que necesita el país sobre empleo público.
En dos semanas el gobierno dará a conocer el segundo informe sobre empleo público, el cual también genera nuevas expectativas ante la urgencia de cambio que requiere el país en materia salarial y de pensiones de lujo.
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CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley
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Miércoles 05 Agosto, 2015
HORA: 12:00 AM
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