En relación con el expediente 11-000015-033-PE, seguido contra el exdiputado Jorge Angulo y 11 personas más, la Fiscalía General está a a la espera que los jueces señalen una fecha para que se realice la audiencia preliminar para saber si el caso se eleva a juicio.
El Ministerio Público presentó el 16 de mayo del 2015 la acusación ante el Juzgado Penal de Hacienda, no obstante, el 7 de julio anterior, el Juzgado remitió el expediente a la Fiscalía con una notificación por medio de la cual indicó que otorgó cinco días de plazo a dos defensores de los imputados, para que reiteraran una prueba ofrecida por parte de ellos en el pasado.
En virtud de que los abogados defensores no solicitaron al Ministerio Público la inclusión de dicha prueba en el plazo indicado, el 17 de julio la Fiscalía General remitió su respuesta, así como el expediente al Juzgado Penal y solicitó el señalamiento de una audiencia.
En esa audiencia los imputados conocerán por primera vez la investigación en su contra, las pruebas con las que se cuenta y los testigos que podrían asistir a un juicio, pero los representantes de los sospechosos también podrán presentar su documentación.
Una vez analizado todo el material, los jueces decidirán si elevan la causa a juicio, algo que acontece en la mayoría de los casos.
El Ministerio Público acusó a Angulo y otras 11 personas por los presuntos delitos de extorsión, peculado, malversación y tráfico de influencias.
A esas 12 personas se les abrió una investigación desde el 2011 por los cuatro delitos mencionados en perjuicio de los representantes de la Coinkrj, concesionarios de las ampliaciones del Colegio Italo Costarricense, en la Zona Sur.
En apariencia, Angulo y varios exrepresentantes de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur) habrían extraído recursos que tenían un fin específico para favorecer y beneficiar al imputado Jorge Angulo.
Según dos representantes de la empresa Coinkrj, Angulo les cobró una partida de ¢10 millones por cada desembolso que hiciera la Junta Administrativa del Colegio y el contrato consistía en el pago de 5 partidas por ¢ 141 millones.
La investigación se inició en el 2011, no obstante algunos problemas de salud han impedido que se realice el juicio.
