Dieciséis empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) viven de gratis en viviendas designadas por la entidad sin cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Uso y Asignación de Casas de Habitación para Funcionarios publicado en La Gaceta del 27 de setiembre del 2004.
La denuncia de la cual tiene copia El Periódico de Más Venta en Costa Rica la presentó la Seccional de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP) ante el gerente general del AyA, ingeniero José Moya, el 15 de julio.
DIARIO EXTRA publicó el 5 de junio que un funcionario de apellidos Méndez Solano habitaba, desde hace 37 años, una casa ubicada en la estación de bombeo en San Ramón, a pesar de que su puesto de técnico electromecánico se había transformado en uno de ejecutivo de gestión avanzada en las oficinas de esa localidad, por lo cual el beneficio no le correspondía según el reglamento.
El artículo 3 del reglamento establece: “Únicamente se asignará una casa de habitación dentro de inmuebles propiedad del AyA a funcionarios que laboren en propiedad para el AyA en forma permanente y a aquellos cuyas funciones impliquen en forma directa acciones en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, cloración, responsables de planteles, bodegas o aquellas otras funciones que a juicio de la administración requieran su presencia permanente”, subraya claramente la normativa.
Tras la denuncia de El Periódico del Pueblo, la institución corroboró que el empleado que vivía en la vivienda la dejó, sin embargo, a pesar de varias llamadas a la división jurídica del AyA, no se nos informó qué medidas disciplinarias se aplicaron al funcionario que incumplió por tres años con lo establecido en el reglamento para la asignación de casas, tampoco si al director regional se le llamó la atención porque era a quien le correspondía reportar esos casos a la gerencia.
JEFES Y DIRECTORES CON VIVIENDAS
“En la lista aparecen jefes y directores regionales, directores expertos en sistemas de agua y gestores expertos cuyos puestos son meramente administrativos y sus funciones no se relacionan directamente con las plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, cloración o responsables de los planteles o bodegas, requisitos que pide el reglamento para asignar el uso de las viviendas”, destacó Edwin Marín, de la ANEP.
Joaquín Rojas es el jefe de tratamiento de la estación de Coronado; tiene 31 años de laborar para el AyA y aseguró que analizando la lista de asignación de viviendas hay empleados que por el puesto no deberían gozar ese beneficio, porque realizan otras labores que no se relacionan con la instalación.
Rojas citó el caso de dos jefes de planta que por su cargo deberían permanecer en las plantas, sin embargo no lo hacen porque no les gusta la zona en que están ubicadas las viviendas, como son Los Cuadros, en Goicoechea, y la de San Jerónimo de Moravia.
“Hay casos como el director de la región Chorotega y el de la dirección Pacifico Central que de acuerdo con el reglamento no tienen por qué gozar de ese beneficio”, destacó Rojas, miembro de ANEP.
El AyA tiene 50 viviendas construidas precisamente en las estaciones de bombeo y tratamiento de aguas con el fin de que los técnicos contratados vivan ahí para que aseguren la operación y el funcionamiento de las plantas sin contratiempos, no obstante hay colaboradores que ingresan como técnicos pero luego sus puestos cambian pero no quieren dejar de gozar del beneficio a pesar de que sus funciones no requieran de su permanencia en las instalaciones.
Otro caso que llama la atención en la lista que detallan los sindicalistas es el del director regional Pacífico Central, William Chaves Soto, quien vive desde hace 30 años en una casa en San Ramón, pero trabaja en Puntarenas.
“Es lamentable que este mismo funcionario Chaves tenga viviendo al operador de la estación de Puntarenas en un ranchito de lata hecho por el empleado para que atienda las funciones de la planta, porque la casa que corresponde está ocupada por otra persona amiga de Chaves, cuando debería ser ocupada por el operador de la planta de tratamiento de aguas negras”, detalló Edwin Marín.
“Nosotros hacemos estas denuncias porque queremos decirle a la administración del AyA que no administra una pulpería, sino que son recursos públicos y que para eso hay un reglamento que debe cumplirse y no darles el beneficio de casas a los amigos y a quienes callan las irregularidades”, subrayó Francisco Santamaría.
REGLAMENTO A LA MEDIDA
DIARIO EXTRA supo que existe un interés del AyA de volarse el reglamento para evitar los cuestionamientos sobre la asignación de viviendas a directores regionales y administrativos y así justificar los casos de empleados que no cumplen con los requisitos; explican la iniciativa en la necesidad del resguardo del sistema en operación y aducen que en ocasiones se asignan para evitar elevar el costo en el pago de seguridad privada.
