Decálogo de nueva ley de aguas
Heidy Murillo Quesada* / Página Abierta
Mientras sufrimos sequías en Guanacaste, inundaciones y expansión de monocultivos incontrolada en el Caribe, sobreexplotación de cuencas por proyectos hidroeléctricos en la Zona Norte y enjambre de nuevos en el Sur, proliferación de pozos ilegales y expansión urbana hacia áreas de recarga en la GAM y todos los conflictos que ello conlleva, caemos en la cuenta de que la crisis del agua no es una ocurrencia nuestra y que el cambio climático nos golpea año con año en la cara.
Todo ello sucede sin que el Estado tenga la capacidad de dar respuestas oportunas a eventos cada vez más extremos. La maraña institucional y legal creada en los últimos 70 años, para tratar de subsanar vacíos en la ley de aguas vigente (de 1942) nos ha llevado a profundizar la crisis.
Ante ello, las organizaciones ambientalistas hemos planteado propuestas en diversas áreas, siendo el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico una de las prioritarias, impulsada desde hace más de 14 años por diversos actores y presentada por iniciativa popular, con la recolección de más de 170.000 firmas, en el 2010.
Es urgente aprobar la ley de gestión integrada del recurso hídrico por lo siguiente:
El proyecto de ley fue presentado por iniciativa popular, venció el tiempo perentorio para su votación, por lo tanto no debe darse más largas.
En este sentido, la Sala Constitucional fue clara en que el período juega a favor del proyecto y no en su contra, de lo contrario algunos diputados podrían usar “filibusterismo parlamentario” para dilatar la discusión hasta que se venza el plazo y archivar, sin cargar el costo político que implicaría votar en contra de tan vital proyecto. En tal escenario ¿Cuál sería el sentido de este instrumento de participación ciudadana?
El texto aprobado en primer debate el año pasado conserva el espíritu del presentado inicialmente, de ello nos hemos encargado los últimos 5 años las organizaciones, mismas que constantemente damos seguimiento en las instancias gubernamentales y hemos rechazado textos sustitutivos que desvirtúen sus principios.
El proyecto crea la DINA, ente con personería jurídica instrumental, instancia que se encargará de velar por una gestión integral del recurso.
¿Qué sucede hoy? Por ejemplo, las aguas de un río son controladas por el MINAE, pero los vertidos en él le corresponden a Ministerio de Salud y las aguas subterráneas, y al MAG por medio de SENARA; por otro lado la calidad del agua para consumo a AyA y al Ministerio de Salud.
Ello es una evidencia de la dispersión y traslape de funciones en más de 20 entidades gubernamentales.
El agua podrá gestionarse adecuadamente si tenemos una visión y análisis integral de su ciclo hidrológico, articulando y explicitando con este instrumento las competencias de cada una de las instituciones.
La personería jurídica instrumental le permitirá a la DINA tener su propio presupuesto y, con ello, acceder a los recursos derivados del canon de aguas, que actualmente el MINAE no puede ejecutar por sus topes presupuestarios.
Significa, entre otras cosas, miles de millones invertidos en conservación de las cuencas donde se produjeron.
Adicionalmente, el proyecto establece diferentes fuentes de financiamiento para esta entidad, a los cuales la actual Dirección de Aguas del MINAE no tiene acceso.
La nueva ley establece un ordenamiento del sector y seguridad jurídica en relación con la gestión del recurso, contrastado con más de cien leyes, decretos y reglamentos que se contradicen entre sí, en diversas ocasiones.
El agua tiene un valor social y ambiental, no obstante debe concedérsele un valor económico; este elemento fue adoptado por el país desde 1992 y permite contar con instrumentos económicos tales como tarifas y cánones.
Actualmente es imposible mantener los servicios de abastecimiento de agua con solo la tarifa por los mismos; el valor del agua es mucho más que solo la tarifa que pagamos todos los meses, porque debe incluir la conservación. Para una ASADA es imposible comprar tierras y proteger las áreas de ley con solo los ingresos de las tarifas.
Fortalece la participación ciudadana, estableciendo consejos de unidades hidrológicas, donde hay participación de todos los sectores de la sociedad, ello en la actualidad no existe.
Protege al agua y su servicio de la privatización: por un lado establece el carácter de bien de dominio público de las aguas, cerrando el portillo de la existencia de aguas privadas en la ley de 1942.
Además, dispone que únicamente las instituciones públicas y las ASADAS pueden brindar el servicio; de esta manera, se cierra otra hendidura actual, pues limita las competencias de las sociedades de usuarios (creadas también en 1942) únicamente a riego.
Reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, adoptado por la ONU en el 2010, lo cual obliga al Estado a asegurar el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
De igual manera, el articulado toma medidas para su implementación, estableciendo el consumo humano como uso prioritario, incluso ante concesiones previas, cuando haya peligro de desabastecimiento.
Ello contribuirá a asegurar el agua primero para la gente y después para lo demás: usos agropecuarios, producción hidroeléctrica, desarrollos turísticos y tantos otros que nos tienen en constante conflicto.
Eleva a rango de ley instrumentos de planificación de las cuencas, y así prevenir la sobreexplotación de nuestros ríos, por ejemplo la cuenca del San Carlos con más de 30 represas hidroeléctricas.
Claramente hay sectores a quienes les es muy conveniente el statu quo del agua, incluso tienen gente infiltrada para impedir su aprobación. Se atreven a utilizar de “carne de cañón” a pequeños productores, haciéndoles creer que se les quitará sus tierras, lo cual es absolutamente falso.
Al contrario, nuestros campesinos serán de los más beneficiados al disponer de recurso hídrico para sus actividades, contando el país con una gestión integrada, participativa, sustentable y transparente del agua.
Le invitamos a apoyar el proyecto y pedirles a sus diputados la aprobación de la nueva Ley de aguas. Puede obtener más información por medio de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter : Ley de Aguas YA
*Ecofeminista, Unión Norte por la Vida.
