La ministra de Justicia Cecilia Sánchez está de acuerdo con que se reduzcan los años de la pena máxima y así lo dejó claro en el informe que le envió el 23 de julio al Poder Judicial.
Luego de un amplio análisis en el que inclusive expone la situación en los países centroamericanos, Sánchez concluyó que “la ampliación del límite de la pena a cincuenta años, podría, en efecto, lesionar los fines y principios de la sanción. En definitiva, el Ministerio de Justicia y Paz estima que los fines de la sanción privativa de la libertad podrían cumplirse con mayor eficacia si, en apego estricto a los principios de dignidad humana y prohibición del exceso, el monto máximo de la pena no fuera de tal gravedad que supusiera, como ocurre en la actualidad, un tiempo de reclusión que implicaría el encierro perpetuo de la persona sentenciada”.
Además, la jerarca de Justicia comentó en su informe que “la solución al caso planteado a la Sala Constitucional, podría zanjearse a través de la declaratoria de la inconstitucionalidad pura y simple de la reforma cuestionada”, no obstante la Ministra dejó claro que la decisión es de los magistrados o eventualmente, los legisladores, por lo que expone otra posibilidad y es transmitirle el tema a los diputados y que se genere en la Asamblea Legislativa la discusión sobre este asunto que permita establecer las medidas a usar mientras se cuenta con un texto definitivo.
“... Que se ajuste a los requerimientos constitucionales, en el entendido que el monto actual deviene en una transgresión del Texto Supremo”.
Este es parte de los informes que esperan los magistrados para discutir el tema en el seno de la Corte.
Un vez que se cuente con la posición de todas las partes involucradas con el sistema de adaptación social, los magistrados elegirán si dan con lugar el recurso de amparo presentado por Francisco Madrigal de 44 años.
EL CASO
En la acción número 15-002620-0007-CO pide que se declare inconstitucional la reforma a los artículos 51 y 76 del Código Penal, efectuada mediante la Ley 7.389 del 22 de abril de 1994, expediente legislativo 10.938, porque “el proyecto de ley parte de un fundamento equivocado, no en cuanto a los móviles que lo impulsaron, sino a los efectos que se provocaron con su aprobación, como el trato cruel, el hacinamiento y por ende la violación de los derechos básicos de todo ser humano”.
En el documento, Madrigal comenta que “al haberse modificado el artículo 51 del Código Penal, en su párrafo segundo, no se consideró el vacío de la 'ley especial', que establecería las normas bajo las cuales debían ejecutarse las nuevas medidas con el fin de generar una 'acción rehabilitadora'”, detalló.
Según el privado de libertad, de la mano de una nueva ley debió redactarse la “ley especial” a la que se hace referencia en la legislación, pero eso a la fecha no ha sucedido, por lo que no debería aplicarse lo que establece la nueva normativa por estar incompleta.
Además explica que el proyecto fue delegado a una comisión plena y no fue discutida en el plenario, con lo cual, según él, “no se logra una importante mayoría”; es decir, como reforma necesitaba 38 votos pero solo recibió el apoyo de 18.
