Regulación independiente, garantía para los usuarios
Dennis Meléndez Howell*
El modelo de regulación costarricense debe enorgullecernos a todos. Costa Rica tiene hoy un esquema de regulación de los servicios públicos que prevalece únicamente en los países más desarrollados. Cuando en 2008, los legisladores tomaron la decisión de modernizar el esquema regulatorio de los servicios públicos, se basaron en las mejores prácticas internacionales, con una ley que enfatiza en un sistema más justo de fijación de precios y tarifas y, sobre todo, con la creación de instrumentos más efectivos para la protección de los derechos de los usuarios. Una de las principales virtudes de este esquema es su independencia, que impide la cabida de cualquier consideración de política electoral en las decisiones regulatorias.
Muchos países abogan por esa independencia. Dichosamente Costa Rica la tiene y por ello debemos ser celosos de resguardarla a toda costa.
No es por casualidad que Aresep haya adoptado el esquema de regulación que tiene actualmente. Recomendaciones del Banco Mundial (Ashley C. Brown, Jon Stern, y Bernard Tenenbaum, con Defne Gencer. Manual para evaluar sistemas de infraestructura regulatoria. 2006) subrayan las características que debe tener una entidad reguladora, destacando -en letra grande-, su independencia en la toma de decisiones; sin sujeción alguna a otras instituciones oficiales, agencias de gobierno o máximas jerarquías del Estado.
Es precisamente en resguardo de esa independencia, que se plasmó en la Ley 7593, que Aresep no está sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo. Y esto tiene mucho sentido, pues la regulación no puede estar sujeta a los vaivenes de turno ni a consideraciones políticas. En buena hora, nuestros diputados de aquella legislatura escribieron esta página ejemplar en la historia costarricense. Ese marco jurídico da, a la Aresep, instrumentos para garantizar absoluta imparcialidad en la toma de decisiones, de modo que, sin afectar el equilibrio financiero de los prestadores, se vigile la calidad y los intereses de los usuarios.
Si bien faltan cosas por hacer, no hay duda de que Costa Rica ha logrado avances importantes en su esquema de regulación. Prueba tangible de estos logros es que, antes de la reforma legal del 2008, había más espacios para que los grupos de poder incidieran sobre el Poder Ejecutivo, para que este, a la vez, pidiera al Regulador tomar decisiones en uno u otro sentido.
Con la reforma legal del 2008, se eliminó el citado “talón de Aquiles” del sistema de regulación costarricense y se estableció un esquema inteligente de pesos y contrapesos, que ha profundizado dos cualidades esenciales de cualquier ente regulador en el mundo: la independencia y la transparencia. Y es que, entre otras cosas, esa reforma dio a la Aresep la facultad de auto organizarse. Eso le ha permitido diseñar una estructura dirigida a evitar la captura regulatoria, es decir, que grupos de interés puedan obtener tratamiento preferencial con base en influencias políticas, económicas o gremiales. La organización se ha diseñado de tal forma que quien elabora las metodologías tarifarias es un órgano distinto a quien las aprueba, y estos a su vez, son distintos a aquel que las aplica. Hay, además, un órgano independiente que tramita las quejas y denuncias, de tal modo que resulta virtualmente imposible cualquier intento de tráfico de influencias o corrupción.
La estructura organizacional aún está incompleta. Falta mucho convencimiento de la población de que este ente regulador está diseñado para que su protección y que, sin este, los precios y tarifas quedarían al embate de grupos de interés y decisiones políticas. No en vano, se oyen constantemente quejas de grupos o personas que sienten perjudicados sus intereses, en el sentido de que se menoscabe la regulación, se disminuya su capacidad de acción o bien se le haga perder su independencia. El día que eso suceda, el perjuicio para la población será enorme y la ya de por sí deteriorada distribución del ingreso nacional, empeoraría.
*Regulador general
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
