Niñas embarazadas, violación sin castigo
Editorial
Entre los 10 y 14 años una niña debería estar terminando la escuela o incorporada a los salones de clase de los colegios. Jamás podría pensarse en la maternidad cuando apenas se comienza a vivir, aun cuando las muñecas y las casitas son parte de los juegos inocentes.
Sin embargo en nuestro país la situación da giros inesperados, pues más de 2.500 niñas con esas edades ya son madres, dejan de lado sus estudios para amamantar y cambiar pañales, para hacer frente a una nueva forma de vida con grandes exigencias.
Los datos oficiales fueron dados a conocer en el II Informe de Estado de Situación de las Mujeres, presentado por la presidente ejecutiva del Inamu, Alejandra Mora, y la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quienes a su vez no solo hicieron un llamado a la sociedad para que denuncie los abusos a menores sino también una advertencia de atención a las instituciones del Estado, el garante jurídico de la niñez.
Pero las cifras no quedan acá, hay cerca de 14 mil adolescentes de entre 15 y 19 años en estado de embarazo al año.
Lo verdaderamente grave en tales casos es que cerca del 90% de los padres de los bebés son hombres mayores de edad, situación que a todas luces se convierte en un delito que en este país nadie denuncia.
Está claro, la normativa jurídica establece que la persona mayor de 18 años que mantenga relaciones sexuales, aun cuando sean consentidas, con una persona menor de 15 años se tipifica como una acción de violación.
En palabras sencillas, los progenitores de los bebés de estas niñas de entre 10 y 14 años cometieron un abuso inminente, mantuvieron relaciones íntimas hasta llegar a la gestación.
La pregunta del millón es ¿cómo las menores de edad llegan hasta los centros de salud para recibir atención prenatal o bien para dar a luz y Salud no alerta a las autoridades policiales o judiciales?
Si bien el delito de violación es de carácter público a instancia privada, o sea no se persigue de oficio sino que la víctima debe interponer denuncia, lo cierto es que hace falta asesoría en tales casos.
Muchas de estas niñas y sus madres o demás familiares no saben cómo reaccionar ante lo sucedido y prefieren callar antes de pedir auxilio judicial.
Una buena parte de los hombres que cometen los abusos no se hacen cargo de los niños, no dan pensión y además desaparecen porque conocen las consecuencias de sus actos.
También es conocido que se trata de relaciones incestuosas y en el seno familiar la situación se reduce al silencio completo, implicando una clara violación a los derechos humanos, tanto de la joven madre como de la criatura.
Con buen incidente la Vicepresidenta dio la orden a la autoridades de Salud de alertar y seguir los miles de casos de niñas en estado de embarazo, esperamos que desde ya se estructure una estrategia para cumplir con esta disposición en beneficio de las afectadas.
Costa Rica vive un retroceso en el tema, cada año son más las niñas y adolescentes que dejan sus actividades para dedicarse al hogar, a su bebé, dejando de lado el estudio y hasta la inocencia.
Pero lo peor de todo es que la sociedad sigue callando, continúa poniendo oídos sordos a las advertencias e invisibilizando tales escenas.
Los hombres mayores de edad no deben tener intimidad con menores, hacerlo es un delito, pero parece que esa falta del ejercicio de la justicia propicia el errático comportamiento.
Deben también tomarse acciones en contra de los padres de familia porque las autoridades saben de algunos casos donde se promueven tales comportamientos en detrimento de las pequeñas de la casa.
No debemos olvidar que el abordaje de este tipo víctimas tiene que estar bien estructurado, no hay que perder de vista que se trata de personas vulnerables, dependientes e indefensas que podrían ser desde manipuladas hasta agredidas si denuncian. Requieren protección del Estado y eso es innegable.
