Buenos Aires, (EFE).- La reciente subida del salario mínimo en Argentina implicó un incremento en lo que perciben los presos que participan de programas laborales en las cárceles, lo que ha causado polémica en el país suramericano tras conocerse que esa paga superará en un 46 % a las jubilaciones.
La polémica se desató a raíz de las declaraciones del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, que consideró hoy que en Argentina "se ha invisibilizado a nivel social a este sector importante y dinámico en términos de la sociedad moderna".
El incremento más reciente a los jubilados se realizó en enero pasado, pero todavía resta un segundo aumento anual establecido por la legislación local, que la presidenta argentina, Cristina Fernández, suele anunciar cada año los primeros días de agosto.
No obstante, Semino aseguró a la radio argentina Continental que "se está muy distante de cubrir la canasta básica", incluso "con lo que vaya a surgir de la ley de movilidad", que actualiza las pensiones dos veces al año.
En plena campaña para las elecciones primarias del próximo 9 de agosto, el precandidato presidencial del frente Unidos por una Nueva Argentina (Una) Sergio Massa también apuntó contra el Gobierno de Fernández por las jubilaciones.
"El Gobierno prefiere a los presos, nosotros a los jubilados. Por eso pusimos en marcha una propuesta con sustentabilidad jurídica y económica, que es poner en marcha a partir del 1 de enero el 82 % móvil y también pagar todos los juicios pendientes de manera automática", sostuvo Massa en declaraciones radiales.
Las pensiones mínimas en Argentina ascienden actualmente a 3.821,33 pesos (unos 416 dólares), mientras que el salario mínimo que alcanza a la paga para los presos llegará en enero a los 6.060 (660 dólares).
