La reforma de telecomunicaciones y el control político de la Sutel
Juan Manuel Campos Ávila* / Espectro
La apertura del sector de telecomunicaciones que se logró a partir de la emisión de la Ley 8642 el 30 de junio del 2008 estuvo precedida de un largo proceso de debate y reflexión que polarizó y crispó los ánimos de la opinión pública en un periodo de aproximadamente 20 años.
DOS TESIS CONTRAPUESTAS
Dos corrientes de opinión estuvieron contrapuestas entre sí. La primera señalaba que no era necesaria la apertura del sector al capital privado debido a que estábamos frente a un monopolio natural en el que ya el Estado había decidido intervenir por medio de una Institución Pública cuyos logros y eficiencia se habían demostrado a lo largo de los años y nos había brindado tarifas bajas, universalización de servicio y amplia cobertura nacional. La segunda corriente de opinión promovía el principio de libertad de elección y señalaba que solo con que se estableciera un régimen de competencia se lograría una mayor eficiencia de los operadores en el mercado quienes debían de ajustar sus costos en pro del consumidor, amén de que se eliminaría la presión de inversiones que podía tener el Estado Costarricense.
EL REFERENDUM DEFINITORIO
A pesar de que nuestro país se vio obligado a negociar la apertura del sector de telecomunicaciones como condición para ser parte del CAFTA, fue el pueblo costarricense que en una votación muy ajustada, (51.62 % a favor, 48,38% en contra) aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, derivando de ahí las obligaciones de crear un nuevo marco sectorial en pos de la apertura de las telecomunicaciones del país.
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
El proceso de consolidación institucional ha tomado ya 8 años y los resultados son tangibles: 122 operadores autorizados que generaron 11.002 fuentes de empleo entre los años 2010 y 2014, y quizás, lo más relevante sea el hecho de que en la actualidad el sector de telecomunicaciones aporta el 3% del Producto Interno Bruto a pesar de que se han desacelerado las inversiones, puesto que pasaron de un 2.4 % sobre el PIB en el año 2012 a un 1 % para los años 2013 y 2014.
UNIVERSALIZACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES
Es indudable también que los servicios móviles se han ido extendiendo por todo el país, lográndose con ello una cobertura de 7.101.892 líneas celulares a diciembre del 2014.
LA SUTEL BAJO CONTROL POLÍTICO
Pero no todo es miel sobre hojuelas, recientes decisiones adoptadas en el seno de la Sutel han provocado un durísimo cuestionamiento desde la Asamblea Legislativa en donde sectores de izquierda cercanos al gobierno han puesto en duda la imparcialidad del órgano regulador y se ha llamado a comparecer a la Comisión de Ingreso y Gasto Público a los jerarcas de la Superintendencia de Telecomunicaciones para que se refieran a un caso concreto que actualmente está recurrido tanto en tribunales como en la propia Sutel.
Lo grave de lo acontecido hasta la fecha no es el control político en sí mismo, el cual debe ser ejercido con total libertad y responsabilidad por los señores diputados sino que, lo que se persiga de fondo, amparados bajo la sombra del control político, sea el hecho, de que el regulador cambie una decisión adoptada cuando los mecanismos y remedios jurídicos dentro de un Estado de Derecho ya han sido ejercidos y se está a la espera de decisiones finales.
Es claro que, sin prejuzgar sobre el fondo del tema cuestionado, es inaceptable que se presione a órganos y entidades reguladoras desde el seno de la Asamblea Legislativa para que por la vía del cuestionamiento político se varíe una resolución.
La confianza, la transparencia y la imparcialidad del sistema están en juego en este momento.
