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Opinión

Historia del proceso por la Ley de Recursos Hídricos

El proyecto de Ley de Recursos Hídricos que fue aprobado en primer debate el 31 de marzo del 2014, con el voto de 46 diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas; y con solo 3 votos del Movimiento Libertario en contra, representa uno de los más arduos y largos procesos de construcción de consensos en la historia legislativa de Costa Rica.

 

Este proyecto de ley se basa en el texto presentado por ANDA y FANCA mediante el mecanismo de iniciativa popular, pero es el fruto de un proceso que inició muchos años antes. 

 

En el año 2001 la Ministra de Ambiente, Elizabeth Odio, crea una comisión integrada  por el Departamento de Aguas, la Universidad de Costa Rica, el Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA) y lo que hoy es la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA),  con el propósito de actualizar la Ley de Aguas de 1942 y resolver el vacío legal que provocó la Ley de ARESEP en materia de concesiones.

 

En noviembre del 2001 el MINAE presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto preparado por esta Comisión,  y para finales de ese año la Defensoría de los Habitantes y  el exdiputado José Merino presentan dos proyectos más. 

 

A inicios del año 2002, la Asociación Mundial del Agua (GWP) ofrece facilitar la conformación de un grupo de trabajo con los equipos que formularon los 3 proyectos, para tratar de unificar los tres textos. Se impulsa un amplio proceso de discusiones y consultas con diversos sectores sociales por todo el país. Hasta que dos años después, en el 2004, se tiene un texto ampliamente consensuado (a excepción de algunas cámaras agrícolas y empresariales que se negaron a participar). En el año 2005 el texto recibe dictamen afirmativo de la Comisión de Ambiente y pasa a Plenario. 

 

Pero antes de que pudiera votarse, las cámaras agrícolas, de la construcción y otros sectores opuestos al proyecto, desatan una intensa campaña, que hizo inviable su aprobación. 

 

Ante esta situación el Ministro de entonces, Carlos Manuel Rodríguez, conforma una nueva comisión con participación de las instituciones del Estado, del sector privado, de las organizaciones de sociedad civil y del grupo técnico, para tratar de alcanzar un consenso que hiciera viable el proyecto en la Asamblea Legislativa. 

 

Esta Comisión trabaja por casi dos años logrando importantes avances. Se formula un nuevo texto que incorpora las preocupaciones del sector privado, de las instituciones públicas y de las organizaciones ambientalistas. Este texto seguía teniendo como base el dictaminado en el 2005.

 

En el año 2006 asume Óscar Arias y Roberto Dobles es nombrado Ministro de Ambiente. Estos desautorizan a la comisión multisectorial, e intentan subrepticiamente introducir un texto sustitutivo a la Asamblea Legislativa. Las organizaciones ambientalistas denuncian la maniobra y se rompe el diálogo con el Gobierno.

 

Se inicia un proceso de alta conflictividad, que finalmente termina haciendo inviables tanto la propuesta de la comisión intersectorial (que intentaba rescatar el proyecto dictaminado en el 2005) como la propuesta de Dobles, orientada a la privatización de los servicios de agua potable, la apertura, la eliminación del derecho humano al agua y de todas las formas de participación ciudadana contenidas en el proyecto del 2005. 

 

El proceso de la Ley de Aguas entra entonces en un impase provocado por las discusiones del Tratado de Libre Comercio, que ocuparían la agenda legislativa de los próximos dos años. Para el 2008 no existe consenso sobre ningún texto unificado, la comisión multisectorial ha sido disuelta por el Gobierno y existe un alto grado de polarización social. 

 

FANCA, CEDARENA y ARCA hacen un llamado para la conformación de una plataforma de organizaciones sociales y ambientales más amplia, que les permitiera desarrollar una campaña de movilización e incidencia. Y valiéndose de la Ley de Iniciativa Popular, presentar un texto similar al consensuado en el 2005 y que pudiera así contar con el aval de todos los sectores. En el año 2009 se crea la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) y se inicia la recolección de firmas, con la participación de cientos de organizaciones y personas de todo el país. 

 

En mayo del 2010 se presenta el proyecto al Congreso, que de acuerdo a la Ley de Iniciativa Popular, tenía 2 años legislativos para conocerlo. Plazo que vencía el 31 de marzo del 2014; cuando se logró que fuera aprobado en primer debate. 

 

Para conseguir el consenso necesario para la aprobación de su proyecto de Ley (que hasta entonces solo tenía el apoyo de las organizaciones ambientalistas) ANDA propone al Gobierno de Laura Chinchilla conformar una nueva comisión multisectorial que posibilitara un acuerdo político. 

 

AFIRMATIVO.  Surge así un texto que respeta íntegramente los contenidos del proyecto original,  y al que se le suman aportes de otros sectores así como de los diputados que conformaban la Comisión de Ambiente. El 27 de marzo del 2014 obtiene un dictamen afirmativo unánime de esta comisión, y pasa a plenario, donde el día 31 es aprobado en primer debate.

 

Sin embargo, a inicios de abril del 2014 se presentan ante la Sala IV varias consultas de constitucionalidad, sobre aspectos específicos de la Ley. Estas consultas fueron rechazadas, a excepción de una, donde la Sala resolvió que efectivamente en dos artículos y un transitorio había roces de constitucionalidad. 

 

Esta resolución de la Sala IV llega después del 1 de mayo del 2014, cuando ya hay un nuevo Gobierno y una nueva Asamblea Legislativa, con una configuración política diferente y con diputados y diputadas que no estuvieron en el proceso anterior. 

 

El consenso político que se había logrado se rompió. Las cámaras agrícolas aprovechan la coyuntura para reiniciar su oposición al proyecto y esto ha provocado que las fracciones del PLN, del PUSC y del ML le retiren su apoyo. El proyecto sigue siendo defendido por las fracciones del Frente Amplio y del PAC, por el Gobierno de la República y por los movimientos ambientalistas.

 

Hacemos un llamado a los diputados y diputadas de todos los partidos, para que respeten la voluntad popular,  así como los consensos sociales y políticos que permitieron la aprobación de este proyecto en primer debate. 

 

De igual forma llamamos a las Cámaras Agrícolas a deponer su actitud y a sumarse como lo hicieron en el 2014, a este gran movimiento político y social por dotar a Costa Rica de una nueva Ley de Aguas que beneficiará a todos los sectores de la sociedad.

 

*Abogado, director ejecutivo, Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).

 

PERIODISTA: Jorge Mora Portuguez*

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Martes 14 Julio, 2015

HORA: 12:00 AM

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