Iniciativa popular y ley de aguas en la picota
Doble encrucijada:
En las próximas dos semanas Costa Rica podría dar un paso gigantesco, pero verdaderamente retardado en la gestión de la calidad de vida de todos sus habitantes. Si no se da ese paso, el país podría detenerse inevitablemente en el pasado. Si. Tal como lo lee. No es que nos volvamos al pasado y que la realidad transcurra. Es que nos detenemos en un pasado, realmente pasado.
Tenemos una Ley de Aguas de 1942 y, tome nota por favor, que la versión anterior de esa Ley era de 1884. El país en esa ocasión demoró 58 años en remozar su legislación hídrica. Ahora llevamos 73 años renovando esa Ley de 1942. En 1942 la humanidad completa entendía que el agua era un recurso natural infinito. No existía siquiera el concepto de “recurso natural renovable” y, consecuentemente, la Ley no entendía las cosas básicas ecosistémicas y climáticas que hoy un estudiante de escuela aprende.
La Ley que discute en estos días la Asamblea Legislativa tiene 170.000 autores. Esa Ley fue consultada y reconsultada por muchas organizaciones de Sociedad Civil que no sólo aportaron al texto de la Ley sino que recopilaron esas 170.000 firmas para cumplir el requisito legal para proponer una nueva Ley a nuestro Parlamento.
Evidentemente este mecanismo era el más factible para exigir a la clase política remendar el sistema jurídico estableciendo una nueva Ley de Recurso Hídrico y el esfuerzo tuvo finalmente su primer éxito en el año 2014 cuando, después de múltiples cambios y negociaciones interminables, la Asamblea Legislativa aprobó con 46 votos afirmativos, en primer debate, la Ley. En estas semanas la Asamblea Legislativa debe aprobarla nuevamente y, aunque parezca absurdo, existe una alta probabilidad de que la Ley no reciba el respaldo de la mayoría simple requerida para su segunda y definitiva aprobación.
¿En plena época de Cambio Climático con un Guanacaste en plena sequía y saliendo de una “época seca”, donde muchas comunidades del Valle Central debieron sufrir racionamientos, Costa Rica debe seguir gestionado su recurso hídrico basándose en una Ley más vieja que la mismísima Constitución de la República?
Más de uno diría: ¡pero ambos cuerpos jurídicos han sido modificados en diversas ocasiones! Es cierto, pero dichosamente tenemos sólo una Constitución Política que regula nuestra vida en sociedad y, por desgracia, aproximadamente unas 30 Leyes de la República que han modificado la Ley de Aguas y muchas otras establecen normas ambientales que individualmente afectan al agua, aunque estén focalizadas en el suelo, la biodiversidad, la energía, la producción, la salud pública, la educación, el trabajo, la alimentación, la vulnerabilidad y el riesgo y otras esferas de la vida en sociedad. Y estamos hablando de agua, del elemento que es sinónimo de vida.
El texto que votará en estas semanas la Asamblea Legislativa es el mismo que obtuvo los 46 votos mencionados, de parte de los diputados que terminaron su legislatura en mayo del 2014. Una asamblea con una composición muy diferente a la actual. Con el PLN en el gobierno.
Ahorita, los diputados tienen que resolver sobre un tema de constitucionalidad de un verdadero “detalle” del contenido completo de la Ley. Vale la pena repetir: un detalle de una Ley que viene a reparar un vacío legal de más de 7 décadas. De una Ley que tiene 170.000 autores. Que fue consultada y reconsultada. Y que ya fue aprobada por primera vez por una mayoría gigante de 46 diputados.
OBSTRUCCIÓN. La Cámara Nacional de Agricultura ha sido el único ente en resistencia activa para con la Ley. En los últimos días se ha pronunciado haciéndose acompañar de otras 3 organizaciones y se han atrevido a pedir el archivo de la Ley. Y la oposición se fundamenta en una presunta posibilidad de que para conservar aguas se expropien propiedades. Una argumentación tan absurda que basta señalar que el Estado siempre ha tenido la posibilidad de expropiar tierras para conservar y que sobre esa práctica ya pesan decenas de jurisprudencia de la Sala IV que norma al respecto.
La Cámara Nacional de Agricultura lleva más de 15 años haciendo este trabajo obstruccionista del interés público nacional. Lo hizo aliada a políticas estatales que desdibujaron las posibilidades de producir para todo aquel que no buscara el mercado global. Lo hizo aliada a políticas estatales de desmantelamiento del futuro para los agricultores y las agricultoras. Lo hizo aliada a quienes intentaron de cualquier forma desmantelar al sector agrícola del Estado. ¡Y lo hace ahora! Cuando el gobierno se vuelve a comprometer con el productor agrícola nacional. Cuando el gobierno activamente defiende al productor nacional. ¡Cuando van a Casa Presidencial con obsequios para el Presidente de la República!
Señores de la Cámara Nacional de Agricultura: a nombre de la calidad de vida de éstas y todas las generaciones venideras, del Planeta y las diversas formas de vida que nos acompañan, entiendan que no tiene sentido alguno pensar en la soberanía alimentaria o la autosuficiencia si no tienen ustedes mismos agua segura y en cantidad y calidad. Y para eso necesitamos una nueva Ley de Recurso Hídrico. Esa !La que está en la Asamblea Legislativa. No podemos esperar otros 58 años!
Señores y señoras del PLN. No se vale lavarse las manos. ¡Esta Ley entra a segundo debate gracias a que recibió el apoyo del mismo PLN cuando era Gobierno! No se vale ejercer vanos juegos políticos a nombre del agua. No aprobar la Ley no significa entorpecer al Gobierno del PAC. Significa seguir hipotecando el futuro de nuestros habitantes. Del campesino, del ama de casa, del pedazo de Planeta que nos toca proteger. Y también de seguir debilitando públicamente al mismo PLN.
El país está en una doble encrucijada. Nos jugamos, por una parte, la Ley de Recurso Hídrico. Pero también abrimos una encrucijada más grosera: nos jugamos la Iniciativa Popular.
*Fundación Bandera Azul Ecológica,
Alianza de Redes Ambientales.
