¿Es necesaria una moratoria a los transgénicos?
La Asamblea Legislativa es un escenario de discusión sobre los cultivos a los que se les modifica su composición genética en el laboratorio para ser liberados al ambiente, junto con aquellos que no han sido alterados. El Frente Amplio está totalmente convencido de que el país no está preparado para que estos cultivos se propaguen. Así lo hemos venido defendiendo por las siguientes razones:
Incertidumbre científica. Sobre los transgénicos se puede encontrar cientos de estudios, tanto a favor como en contra. Pero hay muchísimos estudios independientes, es decir, no pagados por las empresas que producen estos organismos, que señalan múltiples riesgos para la salud. Siendo así, ¿vale la pena experimentar en humanos?
Riesgos para la salud. El glifosato es uno de los “ingredientes” más comunes de estos cultivos alterados. Se calcula que está presente en alrededor del 85% de los transgénicos. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Ahora, según los datos de World Watch, la empresa Monsanto tiene el 80% del mercado de los transgénicos, luego Aventis (Bayer) el 7%, Syngenta (antes Novartis) tiene el 5%, Dow el 3% y DuPont un porcentaje inferior. Es decir, prácticamente todos los transgénicos son producidos por las mismas empresas. Por ejemplo, la empresa DLP Semillas, subsidiaria de Monsanto, es la que solicitó la liberación de maíz modificado en Costa Rica.
AUSENCIA DE MARCO NORMATIVO. En el país, el MAG a través del Servicio Fitosanitario del Estado, otorga los permisos para sembrar transgénicos. En general el Protocolo de Nagoya sobre Bioseguridad y la vía del reglamento son los instrumentos jurídicos aplicados. Sin embargo, este Protocolo consiste en la declaratoria de principios, que el Estado Parte ha de desarrollar con mayor detalle, según las necesidades y características de su ordenamiento jurídico.
En el país esa regulación se completó con reglamentaciones que - según lo ha confirmado la Sala Constitucional- han violentado los derechos fundamentales de todo el pueblo costarricense. Hay vacíos legales que deben atenderse antes de aventurarnos en un camino sin retorno, cuyas consecuencias de tomarlo ni siquiera alcanzamos a imaginar.
¿Mala imagen comercial? Nuestro país se conoce por ser “sin ingredientes artificiales”; es decir, “essential Costa Rica”. Sin embargo, la producción de estos alimentos afectaría, no solamente la imagen del país, sino también nuestras relaciones comerciales. Cada vez son más países los que cierran sus fronteras a estos productos. Francia, por ejemplo, prohibió el maíz de Monsanto, al igual que Polonia. También en Europa, en Hungría se quemaron los campos de cultivos transgénicos (noticia que dio la vuelta al mundo). China devolvió a Estados Unidos más de 500.000 toneladas de maíz modificado. Por otra parte, son más de 60 países los que han adoptado la obligación de etiquetar los alimentos que contienen transgénicos, lo que nos demuestra que para las personas consumidoras este es un tema delicado.
Se debe agregar que en el Frente Amplio no nos oponemos a la investigación en biotecnología, siempre que se dé en espacios confinados. Los derechos fundamentales de la población no se pueden exponer con fines científicos. También estamos de acuerdo con otro tipo de transgénicos, como la insulina. Nuestras dudas son específicamente con la liberación al ambiente de cultivos transgénicos y los alimentos. Antes que nada, y por encima de cualquier interés económico o científico, primero está la salud de Nuestra Madre Tierra y de las personas que la habitamos.
*Ecologista y diputado.
