El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se pronunció en favor del proyecto de Recurso Hídrico, que espera en la Asamblea Legislativa su votación en segundo debate para convertirlo en ley de la República.
El proyecto, bajo el expediente 17.742, se presentó por iniciativa popular para enfrentar la escasez, contaminación y sobre explotación del líquido, por lo que establece el acceso al agua como un derecho humano y un bien de dominio público.
“Como sociedad, todos los actores debemos decidir si continuamos agudizando la crisis por el agua, que afecta a las generaciones de hoy y podría afectar mucho más a las futuras, o si tenemos el valor cívico de dar un giro que permita revertir los impactos, que en todos los sectores sociales y productivos genera no tomar decisiones en un tema que es vital para la vida humana, el impulso económico y la generación de bienestar”, indicó el Minae en un pronunciamiento oficial.
ENTRABADO
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, advirtió esta semana un interés de sus compañeros en retrasar la votación del proyecto.
“Estamos evadiendo la discusión más importante de este país en los últimos 50 años sobre el futuro, de cómo se planifica y se gestiona el recurso hídrico. En Guanacaste hay sequía, en Limón inundaciones y mientras tanto este plenario sigue desconociendo un mandato constitucional”, señaló el legislador.
El diputado Fabricio Alvarado reconoció las diferencias que hay entre los congresistas, donde algunos incluso tienen interés de que el proyecto regrese a una comisión para reformas.
“Hay sectores dentro de la Asamblea que quieren votarlo a favor, otros en contra, yo en particular no he tomado la decisión final, lo haré este fin de semana”, señaló Alvarado.
El Minae resaltó otras medidas contenidas dentro del proyecto:
“El establecimiento de una rectoría clara, creando espacios y mecanismos efectivos para la coordinación interinstitucional, con la participación de los distintos actores sociales y económicos y la creación de una serie de instrumentos para la planificación hídrica y el ordenamiento del territorio en función del concepto de cuenca hidrológica. El establecimiento de que los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro. El fortalecimiento de los instrumentos para la valoración económica del agua, con lo cual se garantiza que el Estado cuente con recursos para tutelarla y protegerla”.
