Una causa por los supuestos delitos de homicidio calificado, violaciones y robo agravado que se lleva a cabo en los Tribunales de Cartago puso a correr a los magistrados de la Sala Constitucional, quienes ordenaron a los jueces que no anulen o suspendan juicios y que no cambien la cantidad de años de las condenas que se impondrán.
Cuando los magistrados decidieron acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por el privado de libertad Francisco Madrigal, tomaron la decisión que en los juicios, en los que se discuta la aplicación de pena máxima de 50 años, no se dicte una resolución final mientras la Sala no se haya pronunciado sobre el caso.
Es decir, se podía realizar el juicio pero no dictar sentencia, sin embargo el escenario cambió radicalmente luego de que los jueces de Cartago les pidieran un criterio a los magistrados.
Ellos les comunicaron que tenían un caso, que está pronto a llegar a su fin, en el que los sospechosos se enfrentan a una posible condena máxima de 64 años de prisión y ante esa situación los magistrados de la Sala Cuarta tuvieron que emitir una nueva orden, que se aplica a todos los procedimientos judiciales y que en este caso se resume en continuar normalmente los procesos y dictar sentencia, aun si esta es mayor a 25 años.
“Es como si la acción no se hubiese interpuesto”, dijo Gilbert Armijo, presidente de la Sala.
Esta decisión permite la continuidad de los juicios hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. Si no se da la razón a Madrigal, no habría cambios, pero “si se declara con lugar, en ese caso quienes recibieran una sentencia mayor a 25 años podrían pedir que se revise su caso para adecuar las penas”, agregó.
Las acciones son los procesos que más tiempo requieren para analizarse y resolverse porque son de trámite agravado y se tiene que recurrir a varias instancias y recibir sus informes. “Hay que darles prioridad a los hábeas corpus porque está de por medio la libertad y también a los asuntos de salud porque está de por medio la vida de una persona”, indicó Armijo.
Además dijo que hay un circulante muy grande de materia por resolver, por lo que “la acción presentada podría llevarse entre un año y medio y dos años, dependiendo de la complejidad”.
A esto se debe agregar que con la medida cautelar impuesta ya los magistrados no se ven presionados por el factor tiempo y podrán estudiar el caso con mayor tranquilidad.
CASO DIFERENTE
El presidente de la Sala Constitucional mencionó que acciones similares a la que presentó Madrigal se han analizado en tres ocasiones anteriores (2007, 2009 y 2010), no obstante la de este año es diferente.
“La situación carcelaria ha cambiado, ahora es diferente pero esencialmente él (Madrigal) invoca algo nuevo y es que no solo habla del hacinamiento y la rehabilitación sino que aduce un vicio en el procedimiento legislativo en relación con lo que establece la Constitución Política y que la reforma a la entonces ley debía ser aprobada por mayoría calificada en la Asamblea”, aclaró.
Otro aspecto que resaltó Armijo es que desde que se analizaron los casos anteriores a la fecha, solo hay tres magistrados repitentes y que estuvieron en esas discusiones que son Fernando Cruz, Ernesto Jinesta y Gilbert Armijo.
El magistrado explicó que cuando alguien cuestiona una norma y se le declara sin lugar, otra persona puede presentar una nueva acción pero con mejores argumentos, diferentes o más sólidos.
