Con todo el andamiaje jurídico que tiene el país, garantizado por la independencia de poderes, aún hay asuntos que se deben resolver; uno de ellos es el ordenamiento del espectro de radiodifusión. La publicidad del Estado, el acceso a la información y ordenamiento legal.
Así lo expone, Edison Lanza, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, quien conversó con DIARIO EXTRA en el marco de su visita para conocer la situación del país, tras una invitación del Gobierno para validar su compromiso con este derecho, después de las contradicciones ejecutadas contra la prensa.
La Relatoría Especial es un órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creada para promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, para el desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos.
Costa Rica es reconocida por el respeto a los derechos humanos, sin embargo usted dice que se debe a las víctimas que acuden a la CIDH, ¿que consideración tiene el sistema jurídico para la Relatoría en materia de libertad de expresión?
-Reconocer que las instituciones del país históricamente han construido un sistema de respeto y de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, pero también muchas de estas construcciones han tenido como base peleas en el campo del derecho y la convicción nacional e internacional; por lo tanto, en muchos de estos casos, la Comisión y la Corte han llamado la atención de que Costa Rica tiene que adecuar sus legislaciones, sus instrumentos internos al respeto del derecho a expresarse.
No es que el sistema sea perfecto, es un sistema en evolución, ha tenido mucho que ver la Sala Constitucional, pero también han tenido que ver las víctimas.
El sistema jurídico mantiene la penalización a los periodistas en delitos contra el honor, ¿deberían aplicarse los cambios que ha recomendado la CIDH?
-La CIDH ha establecido en diversos instrumentos, incluso hay una declaración de principios que habla sobre este tema, es que si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto y el honor es un derecho individual que hay que ponderar, para el caso de asuntos de interés público y para el caso de funcionarios públicos, no deben aplicarse sanciones penales, sino en caso de que haya un abuso en el tratamiento del interés público deben aplicarse sanciones civiles, bajo un estándar preciso de real malicia porque no es para una protección de periodistas por su condición, sino para cualquiera que ejerce la libertad de expresión sobre asuntos que tienen que ver con el debate público, el Estado no debería aplicar la medida más restrictiva que tiene que es la sanción penal, para eso hay otros instrumentos.
¿El hecho de que un país mantenga sanciones penales contra un periodista por delitos contra el honor limita su capacidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión?
-Cuando se producen procesos penales en la aplicación de Leyes demasiado amplias o que penalizan la expresión se produce un proceso inhibitorio porque el periodista que ve como a su colega le someten a un proceso penal y puede ser sancionado por reportar o investigar asuntos de interés público tiende a tener un efecto parecido a la autocensura, eso es la definición tanto de la Corte como de la Comisión.
En 2012 la administración Chinchilla impulsó la Ley Mordaza con ataques directos contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, el Gobierno actual también orquestó una ley que aspiraba a controlar los contenidos de los medios y las frecuencias, en ningún caso hubo pronunciamientos de la Relatoría. ¿Cual es el ejercicio de supervisión para garantizar los estándares interamericanos?
-Tenemos varios instrumentos que los ejercitamos en la medida de nuestras posibilidades materiales, la Relatoría es una oficina con personal propio, pero reducido. En general, tenemos el informe anual, el último fue aprobado en mayo, ahí damos cuenta de los casos de todos los países, los casos más preocupantes o alguna violación a la libertad de expresión. Cuando la situación lo amerita, pedimos información a los Estados a través del reglamento de la CIDH. Una ley de delitos informáticos que esté redactada en términos vagos e imprecisos puede afectar el uso de Internet y por lo tanto, también es una preocupación.
Cuando se usan los recursos del Poder judicial, como el espionaje ocurrido en 2013, para espiar periodistas y empresas de comunicación, ¿qué consideración le merece?
-La reserva de fuentes y la privacidad son una condición para el ejercicio de la libertad de expresión, que los periodistas tengan derecho a realizar su tarea sin ser molestados, interferidos o vigilados por sus fuentes de información, los contenidos, obviamente hay una vulneración a la libertad de expresión cuando hay vigilancia sobre los periodistas, las distintas relatorías han firmado una declaración sobre este tema desde 2011 a propósito del fenómeno de Wikileaks.
El Gobierno de Solís dice que apoya y defiende la libertad de expresión, sin embargo, respaldó la fallida Ley de Radio y Televisión con tendencias izquierdistas, reserva de frecuencias, sanciones a medios y retiro de activos, dejando una inseguridad de cumplimiento ¿Considera que es un doble discurso o son solo acciones de incongruencia?
-No me voy a manifestar políticamente, la Relatoría hace un monitoreo con base a hechos y en base a las decisiones que se adoptan. Recién dimos una posición de si en los casos concretos hubo una vulneración de derechos y si hay problemas estructurales que deban resolver los Estados y adoptar más garantías para que se cumpla su derecho a la libertad de expresión. No podría y no debo hacer una manifestación política en ese sentido, también es cierto que las instituciones funcionan en Costa Rica, por lo tanto las garantías las debe dar no solo el Poder Ejecutivo, sino también los demás poderes del Estado, si este se muestra reticente o hace una interpretación de restricciones de acceso a la información pública que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión y la Sala Constitucional rectifica eso y ordena al Estado entregar ala información, hay que rescatar que el sistema funciona. La restricción de la información también ocurre en Estados Unidos u en otras democracias, siempre va a haber una tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, hay discusiones, tampoco vamos a alarmarnos por esas cosas.
¿Cuál será el acompañamiento que hará la Relatoría en el proceso de creación de la nueva Ley de Radio y Televisión?
-La Relatoría tiene una serie de estándares en este tema, por lo tanto, bienvenida la invitación de Gobierno para que frente a todo el mundo, ante todos los actores, ponga de manifiesto esos principios, creo que es saludable porque para algo los construye la Comisión y la Relatoría, para que sirvan de guías de acción a la hora de definir normas jurídicas que regulen estos temas. El Gobierno ha manifestado su interés de que la Relatoría haga un acompañamiento y ofrezca asistencia técnica en estos proyectos y lo vamos a hacer para aplicar regulación a los mismo, basados en los estándares que se han construido.
En la medida que sea el caso vamos a opinar cuando haya textos más definidos, que hoy no hay, obviamente nosotros no vamos a redactar los proyectos, eso no es un mandato de la Relatoría, nuestro rol es poner de presente los estándares existentes sobre el tema, los mandatos jurídicos interamericanos al respecto, y eventualmente cuando tengamos los textos que popamos decir que el Congreso está considerando con gusto vamos a hacer llegar nuestras recomendaciones y consideraciones, pero nosotros no tenemos el papel de avalar, redactar, ni darle la bendición.
¿Qué impresión le deja la libertad de expresión luego de reunirse con representantes de los sectores?
-Existe un clima muy amplio para el debate público, existen garantías para el derecho del periodismo, sin duda, la prensa y los medios de comunicación están cumpliendo su rol, hay un plano de temas estructurales que están en discusión y que los actores tendrán que seguir tratando, es pertinente escuchar que hay temas donde el Gobierno dice que quiere avanzar. Es claro que se necesita adaptar la legislación sobre medios audiovisuales y la radiodifusión, lo han expresado los empresarios, la academia y me perece que hay mucho para discutir y dialogar, son muchos los temas que abarca una regulación de radiodifusión y por lo tanto es saludable que haya un espacio amplio y tranquilo para discutirlo.
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CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
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Jueves 25 Junio, 2015
HORA: 12:00 AM
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