La propuesta de ley Nº19.256, “Para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial”, que busca abrir la puerta para el uso terapéutico de la marihuana en el país, enfrentará una avalancha de mociones que preparan los diputados opositores a esta iniciativa.
El proyecto, que hasta esta semana avanzó sin mayores problemas en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, ya ha ganado protagonismo entre los adversarios de la planta reconocida por sus propiedades alucinógenas y que aspira aportar en el área medicinal.
Mario Redondo, diputado del partido Alianza Democrática Cristiana se reunió con el director del Instituto de Costarricense sobre Drogas (ICD), representantes de la Fundación Paso a Paso, integrada con especialistas en la materia; y un representante de la Defensoría de los Habitantes para cerrar filas contra la iniciativa legal que navega las aguas políticas del Congreso.
“Nos viene a confirmar los enormes riesgos para la salud de miles de costarricenses, si el gobierno sigue en esta bola de andar promoviendo la Cannabis como si fuera la pomada canaria, cual si fuera un producto de Omnilife, prestando instalaciones del Ministerio de Cultura, haciendo eco en conferencias de prensa en Consejo de Gobierno de algo que nos rectificó el representante de la Defensoría de los Habitantes: es inconveniente (la aprobación de la Ley). Están favoreciendo una institucionalidad que pretende fomentar y facilitar el uso de cannabis en contra de muchísimos criterios”, señaló Redondo.
Agregó que junto a lo demás opositores pondrá todas las mociones necesarias para que el proyecto no avance, aunque sus impulsores se mantengan en la lucha, garantiza que la iniciativa no saldrá rápido.
ICD PREOCUPADO
El mayor argumento que expone la cabeza del ICD es que la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, establece que “el comercio, el expendio, la industrialización, la fabricación, la refinación, la transformación, la extracción, el análisis, la preparación, el cultivo, la producción, la importación, la exportación, el transporte, la prescripción, el suministro, el almacenamiento, la distribución y la venta de drogas, sustancias o productos referidos en la Ley, así como de sus derivados y especialidades, serán actividades limitadas estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico”, hecho que por lo tanto no requiere de la intervención legal.
La normativa puntualiza que los análisis toxicológicos y químicos, el entrenamiento de los animales detectores utilizados por los cuerpos de policía y los análisis fármaco-cinéticos en materia médica o deportiva; para elaborar y producir legalmente medicamentos y otros productos de uso autorizado, o para investigaciones. Solo las personas legalmente autorizadas podrán intervenir en todo lo relacionado con tales sustancias.”
Ante esto, Redondo argumenta que se está abriendo la puerta a las adicciones con un producto que no se ha determinado científicamente que tenga efectos terapéuticos y medicinales, como lo han expuesto las autoridades de salud de Estados Unidos. “¿Cual es la campaña en la que se ha metido el Gobierno? Cuando en palabras del representante de la Defensoría, hay temas mucho más importantes en el área de la salud pública y que el país debería estar concentrado, pero el gobierno nos tiene en una campañita de cannabis”, señaló el diputado cristiano.
Por su parte Guillermo Araya, director general del ICD, explica que ellos mantienen su posición contra la marihuana, plantea que aunque existe la posibilidad de que entre los principios activos (más de 400 activos) del cannabis, tendría que haber suficiente evidencia que respalde el planteamiento para que entre en todos los protocolos que se exigen para incursionar en la parte médica en el país.
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CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín
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Viernes 12 Junio, 2015
HORA: 12:00 AM
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