Panamá. (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) abrió una causa penal al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), tras admitir varias querellas presentadas en contra del exgobernante por haber incurrido en supuestas escuchas ilegales durante su Administración.
La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria por el pleno de los magistrados de la Corte Suprema, con siete votos a favor, una abstención del magistrado Luis Ramón Fábrega y una ausencia por parte del magistrado Victor Benavides.
La CSJ admitió la causa penal contra Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita y atentar contra la seguridad informática .
El Supremo de Justicia designó al magistrado Harry Díaz para que actúe como fiscal y al magistrado Jerónimo Mejía como juez de garantías en esta causa.
El pleno, según el Órgano Judicial (OJ), no admitió el conocimiento de la presente causa en lo referente al delito de revelación de secretos empresariales.
Esta es la segunda investigación abierta al expresidente Martinelli por la CSJ.
En enero, la Corte inició una causa a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por irregularidades en la contratación de una empresa para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.
El pleno extraordinario de magistrados fue convocado para analizar las querellas remitidas por la Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público (MP) a la CSJ, instancia competente para juzgar a un exmandatario en Panamá.
Entre los que presentaron estas querellas están el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, la ex candidata presidencial de este colectivo político Balbina Herrera y su copartidario Bernabé Pérez.
Otros en la lista de querellantes que alegan haber sido víctimas de las escuchas telefónicas son el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, del gobernante Partido Panameñista (PPa) y hermano del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
También presentaron querellas contra Martinelli el ex candidato presidencial del PRD en las pasadas elecciones, Juan Carlos Navarro, así como el abogado Rosendo Rivera, entre otros.
Todos ellos fueron admitidos como querellantes en este proceso por la Corte Suprema.
Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir una investigación contra él por supuestos delitos contra la administración pública.
Una fuente judicial explicó a Efe que lo que sigue ahora es el inicio de la investigación por parte del magistrado fiscal, que puede durar 2 meses, y en la que no se requiere que esté presente Martinelli, a menos, dijo, que se le imputen cargos en la audiencia respectiva o se le dictaminen medidas cautelares.
El proceso se regirá bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que es público, oral y abreviado.
Los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el Gobierno de Martinelli Gustavo Pérez y Alejandro Garúz permanecen detenidos de manera preventiva en la Cárcel La Gran Joya desde mediados de enero pasado y han sido llamados a juicio para agosto próximo por los "pinchazos" telefónicos ilegales.
Entre los que deberán comparecer al juzgado decimosexto de Circuito Penal, que fijó la audiencia para el 17, 18, 19 y 20 de agosto próximo, además de Pérez y Garuz, están Ronny Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro, exfuncionarios del CSN, quienes se encuentran en paradero desconocido.
La audiencia se enmarca en el proceso seguido de oficio a los cuatro exfuncionarios por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
En febrero pasado, el MP informó que para esa fecha recibió un total de 44 declaraciones juradas de personas víctimas de esta supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en el caso de las escuchas ilegales.
Los pinchazos telefónicos fueron operados por personal del CSN con un equipo tecnológico de espionaje comprado a una empresa israelita, y que hoy en día se encuentra desaparecido, reveló la fiscalía tras sus investigaciones.
