La Universidad de Nueva York (NYU), recomienda que nuestro país adopte una ley que obligue a las entidades privadas que dan servicios o reciban fondos públicos, que revelen información sobre sus actividades.
Esto debido a un estudio que solicitó la Defensoría de los Habitantes; ya que se ha venido teniendo restricciones en el acceso de la información necesaria para analizar tarifas.
Por lo que se aconseja estar atento a prevenir la aprobación de nueva legislación, como leyes para la protección de secretos comerciales, que limiten la aplicabilidad de una ley de acceso a la información.
Por esa razón, la nueva ley debería ir más allá y garantizar el derecho de cualquier ciudadano a obtener la información que dichas entidades poseen, más que garantizar la respuesta a la petición de un ciudadano dentro de un rango de tiempo razonable.
También la NYU, indicó que en Latinoamérica se han establecido agencias de monitoreo, garantizando que al público se le facilite los datos, pero estas aún no existen en Costa Rica.
Finalmente, recomiendan que además de adoptar leyes que garanticen el acceso a información pública, se tiene que asegurar que los jueces sean capacitados en reconocer el interés público del acceso a la información y cómo puede impactar en el público.
