La incapacidad de las alcaldías y su presupuesto
Editorial
La necesidad es la madre de la invención, dice un popular refrán. Quizá por ello el atraso en el mantenimiento de las vías del país llevó a la propuesta de que sean las municipalidades las que se ocupen de administrar el 15% de los recursos del impuesto a los combustibles, que actualmente maneja la administración central.
Ante la enorme expectativa con la bendición del presidente Solís y los diputados al proyecto, es lógico alarmarse por la situación que se podría desencadenar por la incapacidad de los entes administrativos para ejecutar esos millonarios presupuestos, que no solo agrupan el tema administrativo, sino también el logístico.
La descentralización de los recursos que plantea el proyecto en discusión busca transferir de forma gradual el 5% anual por 3 años de unos ¢800 mil millones destinados a mantenimiento y mejoras de la red vial cantonal que le compete a cada ayuntamiento; unos 42 mil kilómetros según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Es así que estos ¢800 mil millones quedarían en manos de personas, que en muchos casos carecen de experiencia administrativa. Resulta preocupante que si no hay eficiencia para resolver problemas de naturaleza más sencilla, entonces, ¿como podrán enfrentar situaciones de mayor complejidad?
Un informe de la Contraloría General de la República (correspondiente a 2013) revela que solo el 8% de la infraestructura vial que le compete a estas dependencias administrativas se encuentra en excelente estado, mientras que el 33% de la extensión se encuentra en estado regular. Dicho análisis no hace referencia a los recursos de los que disponen, pero de alguna manera muestra el nivel de respuesta.
Los concejos municipales deben ponerse de acuerdo, y nuevamente, si no hay consensos para asuntos más cotidianos, eso seguramente significará otro atraso para la red vial y atasco en el uso de los recursos.
El presidente Solís reconoció que los alcaldes han expresado que esos ¢800 mil millones es mucho dinero y supera la capacidad operativa instalada.
En el ranking Latinoamericano de Infraestructura 2013-2014, Costa Rica ocupó el puesto 125 (último de Centroamérica y unos de los más bajos a nivel mundial) lo cual demanda efectivamente una mayor respuesta operativa, pero no está claro que dárselo a las municipalidades y descentralizar los fondos sea la respuesta más efectiva en medio de la burocracia que envuelve al Estado, lo que probablemente causará más retraso.
“Las municipalidades cuentan con todo el apoyo de esta administración, hemos dicho que el gobierno local es el Estado en el territorio, es el espacio más cercano al ciudadano, el lugar idóneo de muchos de los problemas que tiene el país. Desde hace muchos años el régimen municipal se debilitó en Costa Rica y hoy es uno, sino el que más débil de América Latina, ahora la gestión municipal debe fortalecerse”, es la respuesta que esgrime el jefe del Ejecutivo ante un plan que se mantiene en firme.
Sin embargo, dar potestad administrativa a las alcaldías es una apuesta peligrosa al entregar sumas multimillonarias a gobiernos locales que no saben cómo usarla y cuyos responsables han demostrado en numerosas ocasiones inseguridad para tomar decisiones.
No hay una vía cantonal en este país, tampoco nacional, que pueda justificar la iniciativa de cambiar de mano el dinero que paga cada tico por el combustible y que se supone debe estar destinado a tapar huecos y mejorar las vías del territorio.
Aún con la advertencia de los alcaldes a la Presidencia, de que no pueden movilizar esa cantidad de plata, las velas se tensan y el proyecto continúa, entregando el 5% anual de este monto durante los próximos 3 años.
