Sectores relacionados con la construcción señalaron irregularidades en el borrador de la reforma al Reglamento de Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, enviado a consulta pública hace dos semanas por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y retirado del proceso ayer.
Tanto la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) indicaron que no están de acuerdo con dicha reforma, debido a que para ellos incurre en ilegalidades e inconstitucionalidades.
“Este reglamento le daría al INVU atribuciones que no le corresponden a través de una dirección de urbanismo y vivienda que no existe. Además atenta contra la propiedad privada y el régimen municipal”, aseguró Guillermo Carazo, presidente de la CCC.
Para Carazo el reglamento busca imponerse sobre la Ley de Condominios y su regulación, y con la propuesta de que las municipalidades realicen mapas de zonificación viola el artículo constitucional que dice que los gobiernos locales son autónomos.
“Además pensamos que enviar un borrador a consulta pública solo por 10 días no es conveniente porque una reforma como la que se quiere hacer no se puede analizar en ese plazo”, declaró.
Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, indicó que la entidad no apoya la propuesta del INVU y coincidieron con lo dicho por la Cámara de la Construcción.
“Nos parece que hay conceptos como los depósitos de riesgo y la permeabilidad visual que no se sabe ni cómo se van a regular, ni a qué corresponden, ni quién los regula”, expresó Vargas.
El director del CFIA dijo que las responsabilidades que tiene el INVU se reforzarían, pero “rayarían en la discrecionalidad” de la entidad.
“Por ejemplo, si alguien hace un diseño de un condominio, tiene que ir al INVU para que verifique si tiene permeabilidad visual, o sea si se ven las zonas aledañas, pero ¿quién y cómo se determina eso?”, afirmó.
Otro punto destacado por Vargas es que el borrador propuesto por el INVU plantea que el área pública en los condominios aumente de un 10% a un 20%. “Esto no se puede regular de esta forma, incluso les pasa por encima a leyes públicas”, agregó Vargas.
Lorena Alpízar, gerente general del INVU, indicó que la decisión de sacar de consulta el proyecto obedece a “dejar para después lo que no se puede hacer en el momento y que el borrador tenga mayor análisis y estudio”.
“Por supuesto que se había estudiado este borrador antes de enviarlo a consulta pública, lo que sucede es que queremos que todos los sectores que entran en el juego estén satisfechos”, explicó Alpízar.
NUNCA HUBO CONSULTAS
Carazo aseguró que si no es por la página web del INVU, en la que leen el reglamento, la CCC no se da por enterada de su contenido.
Con respecto al tema, Alpízar dijo que ella no tenía informe de los sectores participantes en las reuniones de consulta hechas por el INVU.
“Sí hubo actividades de consulta, pero si fueron exhaustivas y si fueron aprovechadas por los sectores, eso no se los puedo decir porque no tengo un informe ni un balance que lo precise, sin embargo sí estoy interesada en saber las razones que mediaron si alguno no participó”, comentó.
Vargas comentó que a ellos sí se les llamó a reuniones, pero el resultado que leyeron en el documento no incluye lo que el CFIA propuso.
La gerente general del INVU aseguró que el reglamento fue redactado por un amplio grupo de expertos en ordenamiento territorial y que los desacuerdos son comunes en cualquier trámite de esta naturaleza.
