Carta al señor Luis Guillermo Solís
Excelentísimo señor: Las 50 sombras de la corrupción. Acudí gustoso a las urnas electorales, cosa que rara vez hago y voté por su persona, una y otra vez, en la primera y segunda vuelta electoral; no porque tuviese ningún conocimiento de su persona, ni esperanza en lo que pudiese hacer en el cargo presidencial. En lo que a mí concernía, mi voto era necesario para evitar cuatro años más de los nefastos gobiernos liberacionistas.
Me llené de entusiasmo cuando leí su discurso presidencial, en el cual dijo:
“Para que la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo del erario público sea exitosa no puede ser librada únicamente desde el gobierno. Corresponde también a la sociedad civil, apoyada por los órganos de fiscalización y por los medios de comunicación, vigilar y evaluar la forma en que los funcionarios públicos cumplamos nuestros deberes. Invito a esos sectores a sumarse al esfuerzo de contraloría ciudadana que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo, sobre todo el aparato del Estado nacional”.
“Hacer que crezca la economía y se distribuya la riqueza”.
Entonces pensé “tenemos presidente” y comencé inmediatamente una vana serie de denuncias de hechos corruptivos en la administración pública ante esos órganos de fiscalización llamados a vigilar y evaluar la forma en que los funcionarios públicos venían actuando en casos puntuales y todo ha sido un inútil tocar de puertas ante la Contraloría General de República, Poder Judicial, Coprocom y otras entidades.
Y es que la corrupción tiene 50 sombras, hay muchas maneras en que puede camuflarse y presentarse inclusive como acciones justificadas apegadas a derecho y al celo profesional y debatir esto es bastante difícil, aunque en otras ocasiones también se presenta con manifiesta torpeza.
Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social decidió variar su tabla de ponderación de ofertas en las compras directas y licitaciones abreviadas de equipos de computación, que por años utilizó. El tope de una contratación directa es de ¢61.500.000,00 (sin derecho a objetar el cartel) y el de una licitación abreviada de ¢443.000.000,00 (sin derecho a objetar el cartel ante CGR). Y aunque en el país ya existe una legislación de acatamiento obligatorio respecto a normas ambientales -la Ley 8.839- los señores de la CCSS decidieron conceder una puntuación importante y decisiva para la adjudicación de ofertas, a aquellos oferentes que pudiesen acreditar contar con el certificado ISO 14001, que versa sobre normas ambientales precisamente. Certificación que en todo caso no tiene el carácter de ley al que todas las empresas y ciudadanos estamos obligados a respetar.
Los que trabajamos en este medio sabemos que actualmente solo hay en el país dos empresas dedicadas a la comercialización de equipos de computación (de un mismo grupo comercial por cierto) que cuentan con esa certificación. De modo que la CCSS se allana a los intereses de esas empresas, ignorando la ya existente normativa.
¿Por qué razón? Será tal el celo profesional y preocupación por el ambiente, que los diligentes funcionarios de la CCSS han decidido premiar con una puntuación decisiva a las empresas que cuenten el certificado ISO 14001 y marginar de paso, de todo posibilidad real de adjudicación a aquellas empresas, las pymes en particular, que no cuentan con recursos de sobra para pagar una certificación ISO 14001, pero que sí están obligadas a cumplir con los alcances de la Ley 8.839.
Es así cómo la corrupción se envuelve en sus 50 sombras y no hay buey que pueda con ella.
Es así como una institución como la CCSS se allana a los intereses de un grupo empresarial, so pretexto de un interés dudoso por el medio ambiente. Si el interés fuese genuino, debería la CCSS primero certificarse como ISO 14.001, antes de establecer esa certificación como una condición relevante para sus adjudicaciones a las pequeñas y medianas empresas que no contamos con los recursos financieros que sí tiene esa institución.
Es así cómo los monopolios se fomentan con la venia de los funcionarios públicos prestos a conceder aviesas ventajas a unos pocos, para no decir a los mismos de siempre.
Es así cómo sus bienintencionadas palabras, añorando una repartición justa de la riqueza, quedan en nada, en promesas huecas. Porque la realidad es que las pymes son a priori excluidas de toda posibilidad real de ser adjudicatarios de los concursos de contratación administrativa de las instituciones públicas, ante los esquemas de evaluación como el que ahora propone la CCSS.
Nada ganamos con exponer estos berreos y reclamar a quienes propician este tipo de ventajas en favor de algunos, porque sobran las excusas y las artimañas para que al final los carteles de contratación administrativa sigan publicándose con ventajas injustificadas a favor de unos pocos.
Usted como máximo jerarca puede girar las instrucciones necesarias para que las ponderaciones de los oferentes en los concursos de contratación administrativa sean hechas con fundamento a criterios de razonabilidad que sumen ventajas reales a las ofertas. No puede ser que no haya un criterio uniformado dentro de las instituciones públicas sobre qué interesa ponderar en aras del interés público y no en razón a intereses de particulares que manipulan desde fuera los criterios de selección de las ofertas a su conveniencia. Esto no puede dejarse al libre albedrío de los funcionarios públicos. Estos criterios de evaluación deben obedecer a intereses analizados con imparcialidad por una comisión pertinente que defina con propiedad qué elementos, a parte del precio, merecen ponderarse en un concurso de contratación administrativa y que estos sean de acatamiento obligatorio u opcional en las instituciones del Estado. Y solo bajo condiciones muy calificadas y aprobadas por las jefaturas de las entidades, pueda justificarse introducir parámetros distintos a los que recomiende esa comisión.
No hacer esto es seguir dejando el portillo abierto para que ocurrentes bien o malintencionados sigan manipulando las reglas de contratación administrativa a su antojo y no siempre en aras del bien público, sino de intereses particulares.
Estimado señor, tiene usted la potestad para frenar este tipo de disparates que en nada benefician al erario público, ni hacen más eficiente la gestión de compras de las instituciones de este país.
Deseándole por el bien de todos que su gestión llegue a buen puerto, me despido.
