Transferencia de competencias a las municipalidades
Notas al tema
La discusión de un traslado de cerca de ¢60 mil millones del Gobierno central a las municipalidades para la red vial cantonal, que saldrían del impuesto a los combustibles, ha puesto de nuevo sobre el tapete la discusión de la transferencia de competencias a las municipalidades.
El artículo 170 de la Constitución Política dicta que el Poder Ejecutivo trasladará competencias a las municipalidades, y para ello también trasladará los recursos correspondientes. Se establece un criterio transitorio para esos traslados. La idea es que las municipalidades deberán, poco a poco, ir asumiendo la ejecución de una serie de servicios e inversiones, que han sido responsabilidad del Gobierno central.
Cercanía ciudadana. No me queda la menor duda que los ciudadanos estamos más cerca de las municipalidades que del Poder Ejecutivo. A nivel local se conocen mejor los problemas que diariamente enfrentamos, y es más fácil buscar las soluciones. Difícilmente desde el poder central se logre percibir el detalle de las urgencias en las distintas comunidades. Por ello he apoyado los esfuerzos de descentralizaciónoras evuidentes en loas aceras, para citar algunos ejemplos. El municpo conoce lo que los ciuadanos necestomosecurso los heredi que se han impulsado en el país y el robustecimiento de la actividad municipal frente al poder centralizado en San José.
Como ciudadano he visto las mejoras en servicios que se han dado en la Municipalidad de Heredia, cantón donde vivo. Para empezar, el municipio herediano se ha dado a la tarea de cobrar los impuestos y las tasas que corresponden. Con esos recursos los heredianos hemos visto mejoras en parques, programas de recolección de basura para reciclaje, presencia de policía municipal, mejoras en las calles y en las aceras, para citar algunos ejemplos. El municipio conoce lo que los ciudadanos necesitamos y los ciudadanos podemos llegar con más facilidad ante nuestras autoridades locales.
Tema polémico. Pero el traslado de competencias tiene también sus claroscuros. No todas la municipalidades ejecutan sus presupuestos en forma eficaz, no todas cobran los tributos como corresponde, no todas tienen personal capacitado, y en no pocas los pleitos políticos entraban la gestión. La Contraloría General de la República ha sido particularmente insistente en señalar las debilidades.
Y a esto se le suma otra preocupación de quienes argumentan que si las municipalidades no cumplen los propósitos de los nuevos recursos, obligarían al Gobierno central a realizar de nuevo el gasto, creando una mayor presión sobre el gasto del gobierno, con el consecuente impacto en el déficit fiscal.
En el caso particular de este traslado de recursos para la red vial cantonal no se está creando un nuevo impuesto. Se busca redistribuir lo que ya se recauda con el impuesto a los combustibles. La redistribución implica que algo se va a quedar sin plata. ¿Qué programas se sacrificarían? ¿Van a pedir que se les restituyan? No lo sabemos. Pero ese es el debate financiero detrás de todo esto.
Lamentablemente durante la administración anterior hubo un momento de dudas sobre la aplicación de esta normativa constitucional. De hecho hubo mucha oposición.
Por eso celebro que diputados, gobierno y municipios hayan regresado a plantear el tema y que se haya aprobado en la Comisión de Asuntos Municipales un proyecto que trasladará competencias y fondos para la red vial cantonal. Veremos qué pasa en el plenario.
En buena hora se abrió esta discusión con un proyecto concreto. Esto no impide que de nuevo los actores políticos repasen la búsqueda del mejor mecanismo para la aplicación paulatina del mandato constitucional. Entre mejor se haga, más fortalecidas estarán la municipalidades y mejor atendidos estaremos los ciudadanos.
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Sábado 25 Abril, 2015
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Guillermo E. Zúñiga Chaves*
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