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Opinión

La piña de Costa Rica ante la CIDH

Página abierta

Este 20/03/2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia sobre la piña en Costa Rica con las comunidades de Siquirres:  desde el mes de julio del 2007, más de 6000 personas toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por el AyA. A la fecha, el Estado no ha ordenado sanciones contra las empresas piñeras, ni tampoco proveído a las comunidades con un nuevo acueducto.

 

En el XX Informe del Estado de la Nación (EDN)  del 2014, se lee que: “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender  el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el  Laboratorio de  Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas"  (p. 192).

 

Un crecimiento vertiginoso. La polémica entre laboratorios que recoge el EDN publicado en el 2014 y la ineficiencia estatal no deben sorprender:  Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. En el 2008 exportó 1.458.980 toneladas métricas (mientras que en el 2004 exportaba 693.107 toneladas). En el 2013 alcanzó 1.939.680 toneladas. En el 2010, Costa Rica representaba el 60% de la piña exportada a nivel mundial, seguida por Filipinas (con 12%), Ecuador (4%), Costa de Marfil (4%), Estados Unidos (4%), tal como lo indica un estudio “Análisis del Mercado de la Piña” elaborado por el CNP.

 

Datos sobre los cuales el CNP es más discreto, recogidos por organizaciones sociales en un informe denominado “El sabor amargo de la piña”, indican que la producción de la piña en Costa Rica se reparte de la siguiente manera: "De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Piña CANAPEP, el área sembrada de piña en Costa Rica aumentó un 675% entre 1990 y 2009, pasando de menos de 10.000 a más de 50.000 has. Las empresas Del Monte y PINDECO concentran el 50% de la producción piñera en Costa Rica, y 31 empresas concentran el 96% de la producción total de esta fruta. El 4% restante está en manos de aproximadamente 1200 pequeños agricultores que venden su producción a las grandes empresas, especialmente Dole, Del Monte, Fyffes y Chiquita”.

 

Desde el año 2008, el EDN ha advertido sobre los daños del modelo productivo de la piña.  Siete años después, indica que: “El cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad, tal como se ha señalado en las últimos ediciones  del Informe del Estado de La Nación. Las principales preocupaciones versan sobre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, generación de la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans, desvío y sedimentación de los ríos, erosión del suelo, concentración de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, pérdida de la soberanía alimentaria, irrespeto de los derechos laborales y posibles consecuencias en la salud debido a la exposición a los agroquímicos” (EDN, XX (2014), p. 192). 

 

Una larga lista de daños. El peso cada vez mayor de los expedientes en el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) y en la Sala Constitucional reflejan la total inoperancia estatal en la materia y la poca receptividad a prácticas menos dañinas que algunos pequeños productores de piña han implementado.

 

Se trata, en efecto, de una actividad que, con muy pocas excepciones, genera una serie de efectos negativos. La variedad “MD2” (también conocida como "Dorada" o "Golden") implantada en Costa Rica a partir del 2006 para abastecer el mercado internacional, requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas, incluyendo sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea, como el Paraquat. Varias de estas sustancias químicas se caracterizan por su carácter altamente persistente, como el bromacil o el diurón. Los productores de ganado vecinos de una plantación de piña también pueden sufrir daños severos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña: sobre este punto, un documento que lleva el sello del MAG alerta sobre el riesgo de proliferación de este insecto, y lo más notorio es que su fecha de edición es del … 2003.

 

Hace unos años, en un foro realizado en la UCR, una de las juezas del TAA indicaba que “cuando nos ven llegando de sorpresa en una barrida, muchos operarios salen corriendo, pensado que somos de Migración”: señal inequívoca de un sistema de explotación laboral a los que están sometidas personas en situación migratoria irregular en muchas de las piñeras, y que no pareciera en lo más mínimo interesar al Ministerio de Trabajo.

 

Cuestionamientos y advertencias reiterados. En materia ambiental, un artículo de Allan Astorga titulado “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, del 2011, concluía que: “Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional”. En el número 177 de la Revista Ambientico (2008), Gabriela Cuadrado analizaba en detalle la inaudita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud tendiente a legalizar la contaminación de agua potable por parte de las empresas piñeras. Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández “L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas”.  

 

Debido a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONGs y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña,  la máxima instancia de la UCR, su Consejo Universitario, solicitó frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo acordó:

 

“3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones: 

 

a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

 

b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos”.

 

En un artículo reciente publicado en estas páginas, Geanina Amaya recordaba los compromisos de campaña de la actual administración: “En campaña política el PAC aseguró que "Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia”.

 

Piña e instancias internacionales.  El tema de la piña en Costa Rica no es nuevo para las instancias internacionales: en el año 2009, la CIDH ordenó a Costa Rica medidas para proteger la vida de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña en la Zona Sur, Aquiles Rivera, debido a amenazas de muerte recibidas. En este mismo año 2009, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, visitó Costa Rica. En su informe recomendaba:  “85. /…/ que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas” (p. 26, punto 86).

 

En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque,  la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida hizo circular una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009): el punto 4 precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado. 

 

Conclusión. A lo largo de estos últimos 8 años, la actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. Las comunidades de Siquirres, quienes han agotado pacientemente, una tras otra, todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007, llegaron a Washington con dos sentencias de la Sala Constitucional del 2009 que exigen a las entidades recurridas del Estado “que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua”. Es probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años observen con atención este caso: la sustancias químicas usadas en Siquirres son similares a las usadas en el resto del país para producir la MD-2; además, la capacidad de absorción de los suelos así como la vulnerabilidad de los acuíferos no son peculiaridades propias de Siquirres. 

 

El desinterés demostrado por el Estado costarricense por hacer valer en la hermosa tierra de Siquirres principios (bastantes básicos) como el principio precautorio, o el principio  “quien contamina paga”, constituye un argumento de difícil refutación. Coloca ahora a Costa Rica en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista internacional.

 

 

* Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, UCR.

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Martes 24 Marzo, 2015

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Nicolás Boeglin*

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