“Costa Rica vive una realidad crítica en derechos humanos con el hacinamiento que sufre el sistema penitenciario nacional con más de 4 mil personas contra la capacidad real en términos de infraestructura”, afirmó Cristina Ramírez, ministra de Justicia y Paz, quien considera que “la condición del sistema penitenciario es vergonzosa”.
La jerarca explicó, entre otras razones, que desde 2008 con la creación de los tribunales de flagrancia y la eliminación de las contravenciones en el 2009, mediante la Ley No.8720, el índice de hacinamiento global en las cárceles se disparó al 51%, cuando el máximo ideal es del 20%.
Explica que esta crisis se generó en la inercia e indiferencia de administraciones anteriores, que no invirtieron en la infraestructura para levantar el sistema penitenciario y dar espacios adecuados a las personas que son procesadas y enviadas a cumplir su condena.
Ramírez detalló que ante esta situación, el gobierno habilitó 1.072 nuevos espacios, 480 en La Reforma, 192 en Liberia, 240 en Pérez Zeledón y 160 en Puntarenas.
Después de la reunión de gabinete, la Ministra de Justicia y Paz, a quien la Sala Constitucional ordenó revelar los datos de hacinamiento, dijo que en abril dispondrá de un módulo nuevo con capacidad para 74 adultos jóvenes en La Reforma, lo que disminuirá el hacinamiento en el Programa Penal Juvenil.
A partir de julio tendrá otros 400 espacios en ese mismo centro y 100 en Pococí.
Otro problema señalado por la funcionaria es que durante ese periodo no creció la planilla para atender a los detenidos, por tanto, además de operativos de contención, hace falta profesionales como trabajadores sociales y orientadores que colaboren en la adaptación de los individuos al momento de cumplir sus condenas.
“En el año 2006 no existía hacinamiento, había espacio para 7.800 personas dentro del sistema y la cantidad de personas privadas de libertad no alcanzaba esos niveles, pero a partir de ahí se fortalecieron los cuerpos policiales de seguridad pública con el propósito de generar mayor seguridad”, explicó.
La efectividad de los procesos de seguridad para la detención y procesamiento de personas aceleró el colapso de las cárceles, hacinando 13 centros penales con capacidad para 9.130 detenidos, sin embargo retienen 14.150.
