Los presupuestos que se aprueban para las instituciones del Estado muchas veces no se ejecutan, sin embargo la ley las faculta para que soliciten más recursos a la administración, aun cuando tengan otros ociosos, tendencia que agrava el déficit fiscal y pone al Gobierno central contra la pared.
“Lo que plantea la iniciativa es que si yo gobierno le transfiero a una entidad privada una equis cantidad de recursos y esta no los gasta, tiene dineros excedentes y me exige que le haga otra transferencia, le voy a decir no; le voy a indicar que no le voy a dar más hasta que ejecute la plata que tiene ociosa, además a mí (gobierno) no me está sobrando el dinero”, detalló Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de Hacienda.
El plan forma de parte de tres estrategias que pretende implementar el gobierno para hacer frente al faltante del 5,7% del PIB, equivalente del déficit fiscal.
Así el Viceministro agregó que si los recursos asignados a la dependencia pasan tres años sin utilizarse volverían a manos de la administración central, pues considera que no cumplieron los fines para los que se trasladaron y empiezan a acumular superávit en las instituciones descentralizadas.
“La ley no limita las trasferencias a las entidades, eso es lo que estamos buscando, pero no limitarlas per se, no porque a mí se me ocurrió sino porque no se está utilizando”, acotó Rodríguez.
El año anterior la Asamblea Legislativa dio el visto bueno a uno de los presupuestos más discutidos de los últimos años. Para el periodo 2015 la administración Solís previó ¢7,9 billones, sorteando los recortes que la oposición y Ottón Solís querían aplicar. Sin embargo el presidente Luis Guillermo Solís emitió una directriz en la que pedía a los jerarcas que usaran el dinero de la forma adecuada.
“Les voy a pedir a los ministros que garanticen la gestión y ejecución presupuestaria, misma que se hace de acuerdo a la proyección; el ministro o jerarca que no garantice que esos recursos se están usando o invirtiendo como debe ser se irá el 1 de mayo”, sentenció.
NO SE PUEDE VER BLANCO O NEGRO
Max Soto, investigador y director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), opina que el tema debe analizarse bien porque el superávit no necesariamente significa que no hay necesidad, pues pueden ser proyectos que por una u otra razón no se pueden ejecutar en un año y se han preparado para el futuro.
“No se puede ser tan riguroso en que todo es blanco o negro, si se ejecutó o no. Los superávits deben tomarse en cuenta a la hora de aprobar presupuestos, pero simplemente eliminarlos, no todas las entidades son iguales”, explicó.
Controlar los fondos que se transfieren a las instituciones con excedentes es parte de los tres planes que anunció el Ejecutivo, entre los que se encuentran tener más control del presupuesto del Estado y controlar la cadena de pensiones.
A finales de marzo el Presidente pedirá informes sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2015 para evaluar el trabajo que han realizado los jerarcas en ese sentido.
