Un empresario identificado por las autoridades como Ricardo Blanco Solís y sus compinches Jorge Saborío Saborío, Luis Blanco Prado y Ronald Araya Leiva son los hombres más buscados por los diferentes cuerpos policiales de Pérez Zeledón.
Los hechos se registraron el 17 de enero del 2012, cuando un ingeniero municipal llamado Álvaro Barrantes Leiva salía de su vivienda ubicada en Villa Ligia y fue abordado por un pistolero que le pegó dos plomazos en el codo derecho y el abdomen.
La agresión ocurrió luego de que el funcionario municipal le negara en reiteradas ocasiones un permiso de construcción de una gasolinera, por lo que Blanco Solís contrató a un grupo de hombres para que le dieran muerte con un arma calibre 25.
Este lunes en la lectura del por tanto emitido por el tribunal penal de esa localidad se llevó a cabo la parte final de un debate por el delito de tentativa de homicidio.
A la audiencia tenía que acudir Saborío, quien fue condenado a 15 años de cárcel por ser el intermediario intelectual, sin embargo no llegó, por eso los jueces de inmediato emitieron una orden de captura en su contra.
Blanco Prado sí llegó y fue absuelto por unanimidad por duda, pese a que un testigo del atentado lo identificó en un reconocimiento fotográfico y en el rastreo de llamadas por parte de las autoridades se comprobó que se comunicó más de dos veces con Saborío.
Blanco Solís y Araya Leiva también tienen orden de captura y enfrentarían un proceso aparte por el mismo delito, sin embargo no se descarta que estén fuera del país, por lo que la policía les ha montado la perseguidora para dar con ellos.
Un quinto hombre identificado como Dani Alvarado, quien es taxista informal, fue el que días antes del atentado hizo un reconocimiento de la casa del ingeniero y después del ataque llevó a Araya Leiva donde Blanco Prado, se sometió a un criterio de oportunidad y no enfrentó un juicio a cambio de colaborar con la Fiscalía.
DESPUÉS A FESTEJAR
En la redistribución de funciones para cometer el hecho de sangre, las autoridades manifestaron que Saborío Saborío contrató al sicario, a quien le habrían prometido ¢5 millones. Blanco Prado acompañó al gatillero, a quien al parecer le obsequiaron aproximadamente ¢120 mil.
Mientras que Araya Leiva fue quien disparó en dos ocasiones y en un bar donde al parecer comentaron lo sucedido le dieron cerca de ¢300 mil, negó haberlos tomado aduciendo que solo se dejó ¢20 mil.
Wady Flores, abogado de Saborío, manifestó a DIARIO EXTRA que espera la lectura integral de la condena para tomar una decisión.
“En el criterio de oportunidad se dieron las anomalías que dan pie a otro tipo de investigaciones, no entiendo cómo es que a Luis Blanco lo absuelven y está en las mismas condiciones que Saborío Saborío para la comisión del hecho delictivo. El gatillero no está en el proceso, es una actitud sospechosa, tiene que ver una actitud de manipulación de Ricardo Blanco a lo largo del proceso, está desaparecido”, explicó.
Flores agregó que esperarán la lectura integral de la sentencia para apelar.
Luz Mary Molina, representante de la víctima del atentado, declaró: “Es una pena más alta la que debían imponer, el bien jurídico que fue atacado es el más importante, que es la vida. El tribunal deberá decir por qué puso esa pena, esperaremos la sentencia integral para utilizar o no el recurso de apelación”.
CON LUPA LOS SIGUIERON
La investigación fue llevada a cabo por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Pérez Zeledón, quienes lograron la captura de los miembros del grupo, que se ocultaban en Dominical de Osa, Barrio Cocorí y Las Juntas de Pacuar.
Los judiciales decomisaron un arma de fuego, decenas de municiones, varios celulares, computadoras, un vehículo y documentación que permitió dar con ellos.
Incluso uno de ellos al momento de la captura estaba en un hotel presuntamente pasado de tragos, con un arma y sus municiones al lado, por lo que fue sorprendido por las autoridades.
Según la policía, Saborío, quien deberá pagar por daño material y moral ¢10 millones, fue detenido meses atrás por asaltos a los empleados de la Hotelera del Sur y al parecer se dedicaba al coyotaje hacia Estados Unidos, por lo que es conocido.
Los permisos para la construcción de la gasolinera ubicada en Ollón de Pérez Zeledón no fueron otorgados porque no cumplía con los requisitos ambientales, sin embargo y de manera extraña fueron dados en la localidad de La Palma.
