“Costa Rica es el país donde el Ministerio de Hacienda tiene menos control sobre los presupuestos del sector público, no los vemos, no los conocemos, no los aprobamos, únicamente van para la Contraloría, el Congreso tampoco los ve; en esto tenemos que corregir el error, porque en realidad eso es un error histórico”, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de la cartera.
La promesa del presidente Luis Guillermo Solís de solucionar el déficit fiscal que consume más del 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) presenta tres nuevas estrategias que buscan control y reducción del gasto para sanear los números rojos de la administración central.
La semana pasada, durante la celebración del congreso de la empresa privada, el Jefe de Estado hablo de la situación fiscal del país. Expuso que además de las pensiones y el superávit de las entidades, Hacienda presentará un proyecto de ley que le autorice tener más control de los presupuestos de las instituciones públicas, acción que le permitiría mejorar el ahorro y control que ha implementado en otras figuras del Estado.
Rodríguez explicó que la dirección de Presupuesto Nacional es el ente rector en esa materia, pero solo controla el relativo al gobierno central, el resto de ingresos y gastos están a la deriva.
Para el viceministro de ingresos esto se solucionaría con una reforma a la Ley de Administración Financiera que incluye no solo volver a cubrir a una cantidad de instituciones dentro del ámbito de la autoridad presupuestaria, “sino darle manejo a las autoridades presupuestarias de este país, sobre todo el sector público, y no solo el 30 y pico por ciento que vemos en la actualidad”.
MÁS ANÁLISIS
Fernando Herrero, exviceministro de Hacienda durante la administración Chinchilla, considera la idea desde el punto de vista de su experiencia, indicó que habría que ver el detalle de la propuesta, porque si se trata de que los entes que no ejecutan pierdan los recursos y no puedan efectuar esos gastos, no sería una buena idea, pues los recortes deben hacerse según prioridades, no por el ritmo de ejecución de los presupuestos.
“El gestor de la política desde el punto de vista de la planificación y el presupuesto sería una decisión arbitraria y solo por casualidad correspondería con las prioridades nacionales.
Por otro lado, si no pierden los recursos, entonces solo se pospone al gasto; tendrían que presupuestar nuevamente y mientras tanto el Gobierno usaría los recursos para financiar otros gastos a través de la Tesorería. En este último caso se trataría de un acto irrelevante para la hacienda pública. No se reduce el gasto en nada, solo se pospone que de hecho de por sí estaba pospuesto”.
Por su parte, el viceministro Rodríguez insiste en que el problema no es que la Contraloría analice el resto las instituciones públicas, empresas, entidades autónomas y demás que no pasan por Hacienda, aclara que “el problema es no tener control sobre eso porque muchas de estas figuraras usan los recursos que reciben del Gobierno, nosotros queremos saber qué están haciendo con la plata y además es necesario que le rindan cuentas a la sociedad en general, sobre cómo están usándolos y si lo hacen bien.
“En general los países, se ve incluso en América Latina, los ministerios de Hacienda controla todo el presupuesto del sector público o un porcentaje mayoritariamente, mientras que ahora mismo nosotros (Hacienda) solo controlamos alrededor del 35%, eso es un problema porque perdés la dirección del gasto público y queremos estar al día”, manifestó.
Para que la idea sea efectiva, el funcionario deja que ver que es necesario presentar un proyecto que permita modificar la ley 8131, misma que regula el tema de la administración financiera de los órganos y entes públicos.
MEDIDA PARCIAL
Según expone Édgar Ayales, exministro de Hacienda saliente, ese fue de los elementos que planteó en febrero del año pasado. El economista declara que la medida no se podría aplicar a un 100% de las entidades porque hay elementos de autonomía que no se pueden saltar.
Explica que hace 30 años la autoridad presupuestaria tenía injerencia sobre el gasto de la mayoría de entidades para dar lineamientos, pero una serie de leyes y decretos se trajeron abajo ese principio.
“Hay instituciones como la Caja de Seguro Social o las universidades que sí podrían hacerlo porque se financian con recursos públicos, pero es diferente con empresas como el ICE o los bancos públicos. Tener más control presupuestario es fundamental pero se necesita un cambio legal, o bien la creación de una nueva ley sobre presupuestos públicos”, precisó Ayales.
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Lunes 02 Marzo, 2015
HORA: 12:00 AM
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