“Posterior a haber interpuesto la denuncia, el acoso continuó. De hecho, ahorita tengo temor de mi integridad y al igual que la de mi familia, porque después de haber puesto la denuncia por acoso laboral, uno de los funcionarios se atrevió a escupirme”.
Esas fueron algunas palabras de Vivian Mejía, exfuncionaria de la División de Protección y Seguridad Institucional (DPCI) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quien reveló ante los diputados de la Comisión de Narcotráfico las presuntas irregularidades en ese cuerpo de seguridad.
Tal como lo publicó DIARIO EXTRA, Mejía expuso a un departamento con un perfil policial, que armados y equipados tendrían vía libre para hacer espionaje, con acciones como intervención de llamadas, rastreo de mensajes y seguimiento de personas.
Su caso llevó al ciudadano Luis Vargas Fernández a presentar un recurso de amparo contra el presidente del ICE y el jefe de Investigación por violación al derecho a la intimidad.
“Desde hace tiempo se le viene persiguiendo e investigando por la sección de Investigaciones del recurrido, donde hasta le intervienen el celular, como así los teléfonos de su despacho donde labora, todo esto lo hacen los recurridos investigadores sin mediar orden competente judicial, lo cual contraviene los derechos constitucionales de dicha amparada”, se lee en el recurso de amparo.
El magistrado Fernando Cruz es quien liderara el caso, del cual ya se le solicitaron expedientes a la institución.
