La Asociación Nacional de Empleados Públicos, llamó ayer la atención de nuevo sobre el tema de las consultorías, relacionada esta vez con la millonaria suma que pagó el Ministerio de Justicia para diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos.
“Nos lleva a llamar fuertemente la atención a Casa Presidencial, es sumamente urgente una auscultación política profunda de los asuntos que se están dando en el seno de la unidad ejecutora de los $132 millones que prestó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de delegaciones policiales y centros cívicos para la paz, así como para las unidades productivas y brazaletes de monitoreo extramuros para personas privadas de libertad. Además, de $1 millón de dólares para partidas de transparencia”, dijo Albino Vargas, secretario general de ANEP.
Explicó que ese consultor estaría hoy laborando para el Ministerio de Hacienda y sería más que necesario tener claro, ¿cómo llegó a esta entidad?, qué está haciendo? y ¿qué salario está devengando?
“Además, es preciso establecer si declaró los miles de dólares recibidos para efectos de impuesto sobre la renta. Igual de importante es conocer cuáles atestados le acreditaron para ejecutar tal consultoría, qué valoró el despacho ministerial al respecto; quién le recomendó para ello, así como su papel en la pasada campaña electoral”, agrega el sindicalista.
Comentó que desde julio del año pasado 2014, la ANEP expresó sus primeras preocupaciones al respecto, en oficio NO. S.G. 13-17-0576-14, dirigido a la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, ministra de Justicia y Paz; quien, a su vez, respondió a la ANEP en su nota MJP-351-08-2014, fechada 5 de agosto de 2014.
En la carta de la ANEP le recordaron al presidente Solís, el apartado No. 4 de su documento denominado el Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e instituciones autónomas. “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”, se indica en la carta, citando al mandatario.
Mas adelante agrega: “Lo que se ha informado de la consultoría otorgada al señor Carlos Navarro Piedra pareciera reñir con varios conceptos del indicado compromiso ético presidencial, razón de más para que el mandatario Solís intervenga como se lo estamos pidiendo.
Desde entonces la ANEP ha estado recibiendo diversas informaciones que expresan preocupaciones de que no todo anda bien en las operaciones técnico-administrativas inherentes a la ejecución de dicho préstamo”, concluyó Vargas.
