Miércoles 16, Octubre 2019

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Nacionales

Costa Rica sería demandada por violar derechos humanos

Defensora propone nacionalizar a indígenas Gnobes

  • Anila Abrego, cuando llega de la jornaleada, debe alimentar a sus retoños que aún reclaman teta

  • Los niños salen del bache a recibir a sus padres, algunos han pasado todo el día orinados en sus ropas

  • DIARIO EXTRA reveló un problema que las autoridades no han querido arreglar, hoy patean la bola entre sí, reconocen el pleito, pero no lo arreglan

  • Este menor que alcanza apenas los 10 años se queda cuidando al resto de los pequeños

Como ya evidenciamos en nuestro reportaje de ayer, la miseria que enfrentan los recolectores del café, en especial los indígenas Ngäbe-Bugle, tras el atropello a los derechos humanos fundamentales nos llevó a consultar el trabajo que hacen nuestras autoridades al respecto, pudiendo evidenciar que entre todos se tiran la pelota.

 

Estar conscientes del problema no basta, sino ponerle un alto al mismo, lo extraño es que ese alto pareciera no llegar, pues si bien es cierto la Ley de Migración que podría poner algún orden al sector explotador, sigue teniendo extensiones para que los empresarios se pongan al día.

 

 

Extensión de 3 meses

 

 

Así por ejemplo hace apenas 14 días Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura hacía el anuncio sobre la nueva política agraria 2015-2018 que llevaría la administración Solís Rivera y la extensión a tres meses más para que los empresarios se pongan en regla, tras el vencimiento del plazo el pasado 31 de enero.

 

Sin embargo, en el campo operativo vemos que el problema no se corrige, pues según los datos del MAG y de Migración al viernes 6 de febrero, de 2.500 empresas, 69 se habían inscrito, 39 se encontraban tramitando y 130 más se inscribían en San Carlos para ser sometidas al proceso. 

 

Todas ellas representan un 3% de esas 2.500 del sector agrícola, entonces la pregunta es si desde el 2010, es decir en 5 años los empresarios agrícolas no han tenido la voluntad de arreglar el sector, ¿qué hace pensar a las autoridades estatales que con tres meses más de ampliación, el 97% lo hará?

 

“La voluntad es dar los tres meses de extensión, pero esto no está en la cola de un venado”, explicó el Ministro Arauz al Diario de Más Venta en Costa Rica.

 

 

PANI 

 

 

Todo esto viene a echar más tierra al muerto y deja en franca desprotección a los empleados, como los recolectores a quienes desangran sin importar nada, al amparo de que existe la regulación migratoria, pero al no aplicarse, el patrono hace lo que se le antoje.

 

Víctor Segura, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), explicó que hay oficinas regionales donde se le da curso a denuncias de esta índole y la intervención es inmediata. 

 

Lo que se hace es “mandar una trabajadora social al lugar, después se les hace una valoración llevándolos a la Caja para una evaluación médica y de acuerdo a este se procede...pedimos la presencia de los padres e informamos a los dueños de la finca...hay dos tipos de multa, por abandono y la otra porque el niño esté trabajando en la finca”, indicó Segura.

 

El funcionario dispuso que la oficina regional de la zona de los Santos interviniera a la mayor prontitud y de oficio tras la denuncia de DIARIO EXTRA.

 

 

CCSS

 

 

Instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), también tienen su cuota de responsabilidad al no tener políticas claras de aseguramiento.

 

Mayela Azofeifa, encargada del subárea de servicios financieros y dirección de fiscalización, (CCSS), insistió en que si bien es cierto las masas migratorias que pasan por nuestro país son circulantes, el trabajo de regularizarlos se debe hacer aunque es muy difícil por el grado de rotación que tienen.

 

“Es especialmente difícil en el sector agrícola, porque el patrono tiene reportado a uno o dos trabajadores que le vigilan la propiedad, pero cuando viene la recolección ahí no se ha tenido la cultura de reportar al trabajador....Al empresario  no le gusta pagar, no nos gusta asumir esa parte donde si tenemos trabajadores, hay que hacer toda la inversión de asegurar a esa persona y por eso el empresario lo ve como un gasto y esa es la cultura existente”.

 

 

Ministerio de Trabajo

 

 

Mientras Johnny Ruiz, jefe del departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo, acotó que desde un punto de vista técnico la principal responsabilidad radica en los empleadores. “Estos se deben sensibilizar para que Costa Rica, que es un país de origen y destino, tenga a sus trabajadores en orden...es un trabajo sostenido, estado, cámaras y que garantice condiciones dignas”, pero los principales llamados según Ruiz son los patronos.

 

Sin embargo y pese a las palabras del jefe de Migraciones Laborales, tampoco en la cartera de Trabajo han podido censar y cuantificar a todas estas personas,  mucho menos garantizar que no se violen sus derechos laborales.

 

 

Defensoría de los Habitantes

 

 

Para Montserrat Solano, defensora de los habitantes, el estado tiene tres obligaciones básicas de derechos humanos “respetar, proteger y hacer cumplir todos los derechos para todas las personas”, y esto no puede ser discriminatorio.

 

Solano expresó que Costa Rica podría ser objeto de una “demanda internacional, sobre todo por como se encuentran estas personas”.

 

La defensora expresó que con su homologa en Panamá, intercambió palabras para que en algún momento se les reconozca la doble nacionalidad a los Ngäbe-Bugle, por el hecho de ser Gnobes, pues estos estuvieron anterior a la creación de fronteras y así se evitaría la petitoria de permisos de trabajo o entrada, pero esto es una idea que aún valoran.

 

Solano cerró indicando que esto es como en Cuba, “cuando uno empuja derechos, es como lo que pasa en Guantánamo, que quieren cerrarlo y nunca lo cierran, esta gente vive en condiciones difíciles y el estado tiene la obligación de hacer algo”.

 

 

No todo está perdido

 

 

Estudios de Instituciones como Flacso o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revelan que en el país hay entre 10 y 15 mil indígenas migrantes y unos 350 mil migrantes totales de todas las etnias que vienen y salen de Costa Rica. El problema radica en que todos, instituciones del Estado, cámaras y empleadores, no hacen por donde ponerse de acuerdo y otros pobres pagan los platos rotos, ven atropellados sus derechos, por el desorden y la inoperancia, creando leyes que al final son obsoletas y benefician a unos, pero castigan a otros.

 

A pesar del panorama tan negro, si hay luz en el horizonte, con esfuerzos positivos para estas personas, como por ejemplo los “Ebais móviles en la zona de los Santos con dos visitas semanales a las fincas donde se da consulta médica, igualmente la creación de Centros de Orientación Indígena (COI), el Tribunal Supremo de Elecciones trabaja en la zona de Coto Brus, y documentar a los niños indígenas nacidos en el país  cuyos datos son proporcionados mal por los padres”, acotó Eduardo Navarro, de la OIM.

 

O bien la Universidad Nacional (UNA), “que con el fin de mejorar las condiciones laborales y de la población inmigrante, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), desarrolló en la zona de Los Santos durante 2009-2012, el proyecto de gestión y acción Seguridad y Salud Integral en el Trabajo Temporal (ProSIT)”, dirigido por Rocío Loría.

 

 

UPANACIONAL

 

 

Por su parte, Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional), dijo que está bien regular a los empresarios, pero aún hay situaciones complejas.

 

“Se debe hacer un esfuerzo más significativo, que sea consecuente con lo que reflejen las cifras, así por ejemplo si hay un 3% que se inscribió de esas 2.500 empresas, los números no pueden ser tan bajos en estos 4 años desde que la ley se aprobó en 2010”.

 

 

CADEXCO

 

 

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), explicó en un formulario de preguntas que no tienen idea del número de ilegales que operan en el sector agrícola. “No tenemos un cierto número, entenderíamos que aproximadamente 50 mil estarían en condición migratoria irregular”, dijo. 

 

El tema migratorio hay que verlo desde dos ángulos. Desde el punto de vista del trabajador migrante, se ve como un esfuerzo por darle seguridad en cuanto al salario mínimo y una condición de estabilidad migratoria para que pueda laborar dignamente. Desde la perspectiva del empresario, lo que se busca es solventar la necesidad de las empresas del sector agrícola, que requieren mano de obra que les colabore con la recolecta de las cosechas.

 

Cadexco continuará trabajando junto con otras organizaciones del sector privado como la CNAA, Laica, Corbana y el Icafé a fin de generar una normativa acorde a las necesidades del sector agrícola, que contemple dentro del marco legal existente una solución definitiva a un problema que lleva más de una década sobre la mesa del Gobierno....Diferentes factores incidieron en que las empresas no aprovecharán la prórroga para abrir sus expedientes madre, para darle curso al proceso de regularización de los trabajadores migrantes temporales. 

 

Algunos de ellos atañen la preocupación de entregar información sensible, en otros casos se apuntó la falta de personal y trabas institucionales en la DGME para darle cumplimiento al registro”.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Miércoles 11 Febrero, 2015

HORA: 12:00 AM

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