El cobro del impuesto establecido para las sociedades anónimas no podrá se ejecutado en el 2016 porque los magistrados de la Sala Constitucional consideraron que los diputados no le dieron la publicidad necesaria para que fuera conocido por los ciudadanos.
Eso sí, la resolución judicial no se aplicará para este año, cuyo lapso de pago vence el 31 de enero, sino que regirá a partir del periodo fiscal 2016.
Los artículos que declararon inconstitucional fueron tres y están relacionados con quienes deberían pagar el impuesto, el monto de la tarifa y las sanciones que se establecieron para las sociedades que no cumplieran con el impuesto.
Según los juristas, esas variaciones del proyecto no fueron debidamente publicitadas y además consideraron que el impuesto violenta el principio de la capacidad contributiva porque puso una única tarifa para todas las sociedades, sin tomar en cuenta las diferencias de cada una.
La ley de impuesto a personas jurídicas entró en vigencia desde el 1 de abril del 2012 y grava con un 50% del salario indicado a las sociedades mercantiles, las representantes de personas jurídicas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada, activas ante Tributación Directa; en el caso de las sociedades inactivas, deberán cancelar un 25% del mismo salario base escogido que fue de ¢403.400.
El pago de este impuesto se debe hacer hasta el 31 de enero y en caso de que no se realice se enfrentará a un recargo de un 13,30% anual.
Las sociedades que, al 1 de febrero, no hayan cancelado no podrán inscribir documentos ni tampoco obtener certificaciones del Registro Nacional.
El monto a pagar para las sociedades activas es de ¢201.700 y en el caso de las inactivas la suma asciende a los ¢100.850, los cuales fueron definidos por el Poder Judicial como el salario base de un auxiliar administrativo.
En el caso de las sociedades que no hayan realizado ningún pago al 31 de enero quedarán descritas automáticamente del Registro Nacional.
