Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), solicitó ayer la renuncia de la procuradora general Ana Lorena Brenes por solicitar a los magistrados de la Sala Cuarta declarar inconstitucional el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, anunciado por el presidente Luis Guillermo Solís el 12 de diciembre pasado.
DIARIO EXTRA informó la semana pasada que uno de los trasfondos del escándalo entre Brenes y Daniel Soley, que llevó a este último a renunciar del Viceministerio de la Presidencia, era allanar el camino para que el ente procurador resolviera solicitar a los magistradas que ordenaran al gobierno dar marcha atrás en esta decisión.
Si los magistrados dieron por válida la resolución de la Procuraduría, se convertiría en el más grande fracaso de la administración Solís y provocaría la confrontación con los sindicatos. Además a nivel internacional el país podría ser condenado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ante la acción de inconstitucionalidad no solo la Procuraduría se convirtió en parte sino que la propia Casa Presidencial puede emitir criterios antes de que los magistrados resuelvan. Podría suceder como con otras resoluciones de la Sala Constitucional, que se desmarcan y acuerdan lo contrario.
“Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la 'novela política' de los últimos días, en la cual ella fungió como la 'principal actriz de reparto', a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy 'renunciado' don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente”, declaró Albino Vargas.
Explicó que ante esto presentaron una demanda contra la procuradora pero no fue recibida por el Ministerio Público. “Intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que 'será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales', sin embargo no fue recibida por tener inmunidad”, agregó.
