El Ministerio de Justicia deberá ver de dónde agarra plata para comprar las toallas sanitarias que requieren las presas de El Buen Pastor. Así lo resolvieron los magistrados de la Sala Constitucional.
La decisión de los jueces constitucionales se toma luego de resolver afirmativamente un recurso presentado en noviembre pasado en el cual se denunciaba que las autoridades penitenciarias no proveían del artículo de aseo personal a la población femenina penitenciaria. Tanto la ministra de Justicia, Cristina Ramírez como Mayra Castro, directora adscrita de El Buen Pastor y Reynaldo Villalobos, director general de Adaptación Social, deberán suministrar las toallas a las reclusas en el término de tres meses, luego de que reciban la notificación de la Sala IV.
Los expertos constitucionales se basaron en el derecho a la salud que tienen las personas recluidas en una cárcel y argumentaron que no hacerlo es negarles ese derecho.
