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Sucesos

Caballos de Policía Montada eran atendidos en farmacia

  • Lo mismo ocurría con el alimento, que debía ser dado por el centro médico, a pesar de ello luego era cobrado por el hospital

  • Los caballos eran hospitalizados en un centro que no cumplía con el carácter de hospital sino de consultorio-farmacia

  • Los medicamentos debían ser suplidos por el hospital veterinario, sin embargo la UPM los aportaba

Las presuntas irregularidades en la Unidad Policía Montada (UPM) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) continuaron a lo largo de la jefatura de Leslie Olivares Hernández, tal como se describen en el informe de Auditoría Interna Nº01-77-2014 CI/EE.

 

El lunes les dimos a conocer cómo se encontraron chorizos en la alimentación para los equinos, así como en la administración de los productos veterinarios. En esta entrega conoceremos cómo descubrieron una serie de anomalías en el internamiento de los caballos en el Hospital Veterinario San Jorge.

 

De acuerdo con el informe, las supuestas irregularidades se cometieron al adjudicar como proveedor a ese centro médico, que debía incluir en la asistencia “la atención, hospitalización, cuido y limpieza de los animales hospitalizados y, a pesar de esto, la Unidad de la Policía Montada (UPM) era quien entregaba al mencionado hospital la alimentación y algunos medicamentos para la atención de los equinos”.

 

Al consultarle al intendente Leslie Olivares, entonces jefe de la UPM, argumentó que la contratación la hizo Óscar Aguilar Solís, quien era el médico veterinario de la UPM para entonces y antes de dar la contratación por válida, tanto Olivares como Aguilar fueron al Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica a corroborar que dicho hospital se encontrara inscrito y con los permisos de operación al día.

 

De hecho, en los registros del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica aparece el Hospital San Jorge, cuyo médico veterinario es José Daniel Fernández Rodríguez, dueño del establecimiento, y para pasar la admisión del MSP se indicó ser la única clínica inscrita.

 

Lo que no se mencionó es que para la fecha no operaba con el rango de hospital sino que lo hacía con la categoría de consultorio-farmacia, para lo cual en nuestro país había más de 1.000 en ese entonces que pudieron participar en el proceso, no como único proveedor de los servicios para ganar la licitación.

 

Incluso se constató que se hizo uso de los medicamentos y el alimento de la UPM, pese a estar incluidos en los servicios del hospital, que a su vez cobraba las facturas totales, pese a que en muchos casos se le otorgaban los insumos.

 

Sobre las pacas de heno y el alimento (paletizado para equinos), así como algunos medicamentos para la atención de los caballos hospitalizados, menciona el informe que: “El intendente Olivares Hernández confirmó las citadas entregas e indicó que se realizaban con el objeto de reducir costos, esto a pesar de que según la contratación, le correspondía al adjudicatario cubrir los rubros”.

 

La Auditoría también entrevistó a Fernández Rodríguez, quien argumentó que los “servicios de su representada podían brindarse con o sin alimentación y con medicamentos incluidos, sin embargo con el intendente Olivares se acordó que la Unidad de Policía Montada entregaría alimento y medicamentos (muy específicos y que se encontraran próximos a vencer en la bodega de esa Unidad) para los caballos hospitalizados, a efecto de reducir los costos y utilizar dichos réditos en otras atenciones a los equinos”.

 

Añade el informe que en ocasiones se registraban problemas con el abastecimiento de alimento y se incluía en el servicio de hospitalización, también ocurría que los medicamentos no estaban disponibles en la UPM y se requerían para la atención de los caballos.

 

Culmina la Auditoría informando los incumplimientos por parte de Olivares Hernández y Fernández Rodríguez, que violan el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa y el deber de probidad que asiste al intendente Olivares de velar por el interés de la Administración y el cumplimiento de las condiciones contractuales y no incurrir en situaciones violatorias como las que admitió haber incurrido.

 

 

CONCLUSIONES

 

 

Entre lo detectado, la Auditoría encontró que en el caso de la empresa que suplía el alimento a la UPM, Corporación Andrea de Centroamérica S.A., tuvo que cambiarlo, incumpliendo con las condiciones del cartel licitatorio, “al proveer un producto diferente al objeto contractual”.

 

Además que el intendente Olivares, pese a conocer las irregularidades en la contratación administrativa Nº2011LN-000269-09003 “Alimento para animales equinos y caninos”, tuvo una actuación contraria a su deber de vigilancia a las funciones asignadas por la Administración.

 

Que la empresa Lubricación Técnica Lubritec S.A., al no estar inscrita en el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, terminó como proveedora de medicamentos veterinarios de uso restringido y no se le hizo saber a la Administración para “evitar acciones contrarias al ordenamiento vigente”.

 

Que a pesar de lo que estipulaba la contratación administrativa “Nº2012CD-0000208-09003 internamiento de animales, la Unidad Policía Montada hizo entrega al proveedor adjudicatario de alimentación y de ciertos medicamentos para la atención de los caballos de esa Unidad, lo que confirma la veracidad de lo denunciado y es contrario a las condiciones contractuales pactadas con el proveedor, con consentimiento de parte del intendente Leslie Olivares Hernández”.

 

Mañana le contaremos cómo a raíz de estos chorizos existe una denuncia ante el Ministerio Público por falta de detalles en el informe de Auditoría y el silencio de los jerarcas del MSP, que conocían la situación y a la fecha muchos siguen con altos mandos en dicha cartera.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Miércoles 17 Diciembre, 2014

HORA: 12:00 AM

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