El caso de la privatización de la Playa Cabuyal, a manos de la empresa propiedad de dos exdiputados, que ha desatado toda clase de pasiones en Liberia, se complicó en los últimos días tras la aprobación del Concejo Municipal de llevar el caso ante los Tribunales de Justicia y la Procuraduría.
Esta elevación del caso deja un sinsabor a los vecinos, por cuanto, en el mismo acto, la asesoría legal emite un criterio, prácticamente dando por válida la privatización y asegurando que esto se debe a la inacción del ente procurador, el cual debía de tutelar que la playa fue inscrita a nombre de una empresa privada.
A criterio de los liberianos, el proceso judicial solo será un acto formal para que los 150 metros de la zona marítimo terrestre, que raramente fueron inscritos en el 2006, queden en firme.
Así lo explicó la dirigente Mariela Campos, una de las vecinas que ha estado al frente de movimiento por recuperar esa playa para los liberianos. Ella advirtió a los vecinos de esa comunidad estar vigilantes del proceso y analizar con lupa cada paso que dé la Municipalidad. Es así que reitera la necesidad de permanecer atentos desde quién será el abogado contratado para llevar el caso, hasta cuáles leyes se invocan para hacer valer los derechos de esa comuna.
Días antes se debatía si el expediente de ese caso existía en el Municipalidad de Liberia a lo que el alcalde de Liberia Luis Gerardo Castañeda, anunció a DIARIO EXTRA que solicitaría al Concejo trasladar el expediente administrativo de esa playa al Ministerio Público. Aseguró que efectivamente el expediente como tal no existe físicamente, por cuanto había sido decomisado por el Ministerio Público en un allanamiento para una investigación que ya concluyó.
Castañeda afirmó que que enfrentará la tarea de recuperar esos terrenos con todos sus recursos.
Por su parte, el Ministerio Público informó ayer que efectivamente la investigación en torno a este caso ya concluyó y la Fiscalía Adjunta de Liberia solicitó un sobreseimiento definitivo en el expediente 11-001107-396-PE, con el visto bueno de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. El proceso era seguido en contra de un hombre de apellidos Román Ocampo, por el delito de tráfico de influencias.
Según la fiscala, no se contó con elementos suficientes de prueba para poder acreditar un beneficio directo o indirecto para el imputado.
Los hechos que se investigaron anteceden al 6 de abril del 2006 cuando el Concejo Municipal de Liberia aprobó el visado del plano G-951339-2004, el cual corresponde a casi 60 hectáreas de terreno.
A Román se le atribuyó que en mayo del 2010, aparentemente, influyó para que la secretaria a.i. del Concejo Municipal de Liberia, notificara el contenido de los documentos de la ampliación del plazo de resolución del expediente administrativo de nulidad, a la empresa Inversiones Román y Ocampo S.A. obteniendo de esta forma un beneficio indebido. Lo anterior por cuanto al serle notificados los oficios, la empresa del imputado aprovechó esa oportunidad para plantear un recurso de revocatoria y apelación contra una comunicación de mero trámite, ya que el auto de inicio les había notificado oportunamente el avance del proceso de nulidad, retardando de esta manera el avance del mismo en el expediente.
